SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1998/2013
Fecha: 04-Nov-2013
III.7.2. Sobre los derechos alegados como vulnerados el debido proceso y el derecho a la defensa
Puesto que el debido proceso está establecido como un derecho fundamental destinado a garantizar al ciudadano el acceso a una justicia oportuna y eficaz, y brindarle protección frente a actuaciones, omisiones procesales, y decisiones adoptadas por las autoridades en las distintas resoluciones que definen situaciones jurídicas o administrativas, tanto la Resolucion 52/2012, pronunciada por el Juez de Instrucción Mixto de Entre Ríos y el Auto de Vista 05/2012, dictado por el Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal de Entre Ríos, al omitir considerar que la accionante en calidad de esposa del demandado en el proceso de anulabilidad de contrato de un bien ganancial, procesalmente tenía que ser citada e incluida dentro del referido proceso, definen su situación jurídica, privándole de ejercer y hacer prevalecer el derecho que ostenta sobre el 50% del bien inmueble objeto del litigio, consecuentemente se ve conculcado el derecho al debido proceso.
Por otra parte, siendo que el derecho a la defensa se constituye como un elemento integrante y esencial del debido proceso, descrito como una garantía jurisdiccional en el art. 115.II y 119.II de la CPE, estableciendo que: “Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa”, las decisiones asumidas por las autoridades demandadas, vulneraron el derecho a la defensa de la accionante, puesto que se le restringe la oportunidad de asumir defensa, sobre un bien ganancial que legalmente le pertenece.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- 1)
- i)
- denegando
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- por consiguiente, su naturaleza es la de precautelar, proteger y restablecer los derechos y garantías vulnerados por actos u omisiones indebidas de servidores públicos y particulares;
- puede inferirse que la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc.
- Lo señalado implica que la acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse en un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto, tampoco otorgar la tutela”
- III.2. La Comunidad de gananciales
- III.3.1. Citación del demandado o los demandados
- III.3.2. Sujetos procesales principales o esenciales
- comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos
- “El debido proceso es una institución del derecho procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo, así como los presupuestos normativamente pre-establecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en igualdad de condiciones.
- la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado.
- De lo referido, se infiere que doctrinalmente el debido proceso tiene dos perspectivas, concibiéndolo como un derecho en sí reconocido a todo ser humano y como garantía jurisdiccional que tiene la persona para ver protegidos sus derechos en las instancias administrativas o jurisdiccionales donde puedan verse involucrados,
- III.5. El derecho a la defensa
- III.6. El derecho a la propiedad
- III.7. Análisis del caso concreto
- III.7.1. El problema jurídico planteado
- III.7.2. Sobre los derechos alegados como vulnerados el debido proceso y el derecho a la defensa
- Derecho a la propiedad
- 2º CONCEDER