Sentencia Constitucional Plurinacional: 0137/2013 de 5 febrero

Ahora bien, respecto a dicha situación corresponde analizar si la competencia otorgada al Ministerio Público de suspender a funcionarios judiciales mediante una imputación formal es idónea al objeto y finalidad que busca cumplir para lo cual se efectuará un análisis a partir de la ley de ponderación de forma que “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro” (Robert Alexy) para lo cual se determinará: 1) La idoneidad de la medida para alcanzar un fin constitucionalmente legítimo; 2) La necesidad, es decir, la no existencia de alternativas menos gravosas al derecho, principios o valores constitucionales que alcancen el mismo resultado constitucionalmente perseguido; y, 3) El análisis de proporcionalidad en sentido estricto, es decir, del costo-beneficio. En este sentido tenemos: