Sentencia Constitucional Plurinacional: 0137/2013 de 5 febrero

Respecto al derecho a la personalidad, a la vida, a la integridad física y psicológica, a la dignidad no se fundamentó cómo los mismos podrían verse afectados con el inicio de un proceso penal o con una imputación formal pues la posibilidad de resolver derechos que poseen los jueces hace que los mismos puedan ser denunciados por la parte perdedora y su propia condición les impone que sus decisiones sean lo suficientemente fundamentadas y motivadas como para defender su trabajo de tal forma que no se constata cargo de inconstitucionalidad alguno que de mérito a un pronunciamiento de fondo.

·    El art. 132 de la CPE, efectúa una configuración amplia de la acción de inconstitucionalidad al establecer que: “Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la Acción de Inconstitucionalidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley”, lo que impide efectuar una interpretación restringida del art. 79 del CPCo.

·    Para que una imputación formal pueda provocar la suspensión de una autoridad jurisdiccional las normas impugnadas no requieren su previa notificación y la decisión de suspensión del Consejo de la Magistratura no es impugnable por lo que no puede exigirse la presentación del incidente de inconstitucionalidad antes de la correspondiente resolución de suspensión porque lo contrario implicaría indefensión al afectado por una norma.