SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0241/2013

Es  necesario  aclarar, que en el caso concreto, el Juez de garantías, como autoridad judicial representativa de la justicia constitucional no debió disponer hacer efectivo el derecho a la libertad de forma directa, por cuanto eso le corresponde al juez ordinario penal -autoridad judicial encargada del control jurisdiccional- que tiene la competencia en el conocimiento de la causa penal, del cual emergió la presente problemática jurídica.

Por otra parte, conforme a la jurisprudencia constitucional referida en el Fundamento Jurídico III.1 a ser aplicada en el caso concreto, con relación a los otros derechos alegados de lesionados por parte de los accionantes; es decir, a la defensa, presunción de inocencia y a los principios a la seguridad jurídica, a la legalidad y aplicación de la ley más favorable; garantía constitucional al debido proceso, esta acción se constituye en un instrumento de defensa o de protección contra las lesiones al derecho a la libertad, garantía constitucional a ser utilizada por cualquier persona con la finalidad de la restitución de los derechos a la libertad física o personal y de locomoción, el derecho a la vida y el debido proceso, en cuanto a procesamiento indebido se refiere que estuviera directamente vinculado al derecho a la libertad, que hubieren sido vulnerados aspecto no acreditado en el presente caso.