SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0310/2013

Previo a establecer la naturaleza jurídica de esta acción, es importante hacer referencia al art. 8.II de la CPE, que establece los valores sobre los cuales se sustenta el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, entre los cuales tenemos a la libertad y a la dignidad, que de acuerdo al art. 22 del mismo texto, son inviolables; es decir, que al estar insertos como valores sobre los cuales se sustenta el Estado, impone la obligación no sólo de respetarlos sino de resguardarlos en sus distintos ámbitos, excepto, claro está en los límites y según las formas legales establecidas en la Constitución Política del Estado y las leyes respectivas.

Es así que tanto la dignidad como la libertad son reconocidos como derechos fundamentales inherentes a cada persona, cuyo respeto y protección se impone al Estado, estableciéndose que entre sus fines y funciones esenciales, está el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Norma Suprema. De ahí que en el art. 23.I de la CPE, dispone que: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales”, si bien, el texto constitucional garantiza el respeto del derecho a la libertad de manera amplia; empero, la limita en situaciones y para fines específicos. Mandato, que se complementa en el parágrafo tercero del mismo artículo, al establecer, que: “Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley”, que a su vez encuentra su excepción en los casos de delito flagrante, que el parágrafo cuarto del citado artículo, dispone: “Toda persona que sea encontrada en delito flagrante podrá ser aprehendida por cualquier persona, aún sin mandamiento. El único objeto de la aprehensión será su conducción ante autoridad judicial competente, quien deberá resolver su situación jurídica en el plazo máximo de veinticuatro horas”.

En razón a que dentro del ámbito de tutela de la presente garantía se encuentra el derecho a la vida, definida por la SC 0687/2000-R de 14 de julio, como: “…el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección…"; razonamiento, que si bien se hizo en función al anterior texto constitucional y no resultando contrario a la actual Constitución Política del Estado, se adopta en la presente Resolución, por resultar coherente con las disposiciones contenidas en los arts. 13.I y 15.I del texto constitucional, respecto a que: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes…”, y cuya garantía de cumplimiento impone al Estado, al establecer, que: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”.       

Bajo esas consideraciones y siendo la vida y la libertad, bienes jurídicos de tal naturaleza y base para el ejercicio de otros derechos, la Constitución Política del Estado, instituye el mecanismo idóneo, oportuno y efectivo para su resguardo y vigencia, a través de la acción de libertad. Así el art. 125 de la Norma Suprema, dispone: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”; siendo en consecuencia, la acción de defensa eficiente y directa para proteger los derechos a la vida y a la libertad -física o de locomoción-, dado que tiene por finalidad, restablecer el derecho a la libertad, las formalidades legales y ante todo resguardar la vida cuando se encontrare en peligro. El art. 126 del mismo texto, resalta sus características de sumariedad, inmediatez, informalismo, generalidad e inmediación.

De manera coherente con el texto constitucional, el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prescribe que el objeto de la presente acción, es: “…garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”.