SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0202/2013-L

El accionante, a través de su abogada, ratificó su acción y ampliándola señaló: a) Existen dos resoluciones que apartan al accionante de la postulación a la ANAPOL, las mismas que nunca fueron notificadas de forma personal, sino que fueron “pegadas” en la UNIPOL o las sacaron por internet; b) Con la separación del postulante, se vulneró su derecho a la educación, debido a que no se valoró la prueba por ésta presentada; c) Se confirmó que otros postulantes que tenían exactamente los mismos problemas que el accionante y que estuvieron observados por la Comisión de Evaluación Médica, fueron aceptados, situación que demuestra violación del derecho a la igualdad, porque los miembros de las Comisiones de Máxima Instancia y Médica, no evaluaron de la misma forma a los postulantes; d) Se está discriminando al accionante en función a una desviación que no demuestra ningún tipo de limitación, para que éste pueda ser cadete; y, e) Se hizo un estudio al accionante, en el Instituto Boliviano de Biología de la Altura, sobre su capacidad pulmonar, estudio que reveló normalidad en los volúmenes y capacidades pulmonares, con una saturación de oxígeno normal.         

El Vicerrector de la UNIPOL, a través de su abogado y apoderado, en audiencia manifestó: a) Dentro la malla curricular se contempló la materia de educación física e instrucción; por lo que, los cadetes tienen que cumplir con los requisitos de postulación y exigencia física; y, b) El Comando General de la Policía Boliviana, estableció para la presente gestión 460 plazas, lo que implica que se podía admitir ésta cantidad de postulantes que hayan vencido satisfactoriamente todas y cada una de las pruebas de admisión; sin embargo, sólo se admitieron 429 aspirantes, por lo que, existen plazas vacantes a ser cubiertas por quienes no cumplieron con los requisitos.

La abogada del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, indicó que se adhería a lo mencionado por los anteriores intervinientes, haciendo notar que en su fundamentación, el accionante señaló que se habría vulnerado la “Resolución Suprema” (sic) y que esta a su vez, habría lesionado el derecho a la educación; sin embargo, no solicitó la nulidad de dicha Resolución, lo que demuestra que implícitamente estaría aceptando que no se le vulneró tal derecho; solicitando por consiguiente se deniegue la acción.