SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0317/2013-L

La Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante la Resolución 91 de 27 de junio de 2011, cursante de fs. 250 vta. a 252 vta., concedió la tutela solicitada; “en lo que respecta a la nulidad (…) hasta el momento de la notificación con la resolución sancionatoria a efectos de que la parte pueda hacer uso de sus derechos” (sic), en base a los siguientes fundamentos: 1) La Administración Aduanera como el Ministerio Público, no podrían abstraerse de la tuición que tiene el órgano jurisdiccional, por lo cual, la Aduana inició el procedimiento administrativo, contra un principio general, que  prohíbe un doble procesamiento, por el mismo hecho; 2) La emisión de un acta de intervención, después de dos meses incumple el procedimiento, por cuanto la ley exige que tanto la administración aduanera como la fiscalía deben informar al juez en un plazo de cuarenta y ocho horas; 3) Ante una incautación que no supera los UFV's200 000.-, en principio, debió esperarse el rechazo  del Ministerio Público y no dictar la resolución sancionatoria; 4) La respuesta a la complementación y enmienda, se produjo recién después de dos meses, el 10 de febrero de 2011, lo cual impidió la presentación del recurso de alzada ante el transcurso del plazo, obviando que la justicia debe ser pronta y oportuna para ser eficaz, con lo cual se causó la vulneración del derecho de los representados por la accionante; y, 5) La finalidad del acto, no corresponde a una cuestión meramente formal sino a su aspecto objetivo dado por la función del acto, por lo que se debe notificar nuevamente y permitírsele hacer uso de los recursos legales que la ley le franquea.