SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0579/2013-L
Fecha: 28-Jun-2013
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El Tribunal Primero de Sentencia Penal del Distrito Judicial de Cochabamba, radicó la acusación formal, presentada contra Jorge Arteaga Maldonado, por la presunta comisión de los delitos de asesinato y tentativa de homicidio; fijándose por ello para el 4 de octubre de 2011, audiencia de juicio oral; sin embargo, la Jueza ahora demandada, de manera arbitraria, injustificada e ilegal, postergó la misma, para el 26 de marzo de 2012, mediante decreto de 3 de septiembre de 2011, que luego fue ratificada mediante proveído de 9 del mismo mes y año, emitida en virtud al recurso de reposición presentado.
Señala que, el decreto de 3 de septiembre de 2011, lesionó la garantía del debido proceso de su persona -como víctima y querellante-, en sus componentes de celeridad procesal y obligación de la debida fundamentación de las resoluciones, toda vez que postergó indebidamente la audiencia de juicio oral sin haber realizado una debida fundamentación; circunstancia por la cual la impugnó mediante el recurso de reposición, empero, se la ratificó mediante decreto 9 de septiembre de 2011, sin haber convocado a otro juez técnico; con el argumento de que el Juez Técnico del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Juan Luís Ledesma, ya no integraría ese Tribunal; sin tomar en cuenta, que tenía competencia para realizar los actos preparatorios de juicio y para presidir el juicio oral, una vez que el Tribunal esté integrado con jueces ciudadanos.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- III.2. El principio de celeridad y su vinculación con el debido proceso
- El principio de celeridad, persigue como principal objetivo conseguir que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos perentorios dispuestos por la norma legal
- el principio de celeridad y el debido proceso,
- toda vez que ellos tienen la obligación de dirigir el proceso y concluir el mismo en tiempo oportuno y conforme a ley, pues obrar en forma tardía o lenta en contra de las normas estatuidas no es administrar justicia;
- si bien es obligación legítima y constitucional del Estado, a través del Órgano Legislativo, prever la implementación de mecanismos legales o instrumentos jurídicos que permitan hacer más ágiles los procesos judiciales, no menos evidente es que, los administradores de justicia deben acatar el principio de celeridad
- Este derecho
- 1) el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso, entendiéndose por aquélla la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica.
- A su vez, de ambas garantías se deriva el principio pro actione, que tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados'.
- III.4. El señalamiento de la audiencia, en el auto de apertura de juicio, no puede ser modificado, salvo situaciones debidamente justificadas
- El auto de apertura del juicio no será recurrible.
- en el auto de apertura a juicio, señalará día y hora de su celebración
- III.5.1. Vulneración del debido proceso vinculado al principio de celeridad
- III.5.2. El derecho a la tutela judicial efectiva
- III.5.3. Sobre el derecho al juez natural, como elemento del debido proceso
- III.5.4. Sobre la falta de fundamentación de los decretos denunciados