SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0735/2013

La justicia constitucional, de manera uniforme y reiterada, en innumerables fallos ha sostenido a partir de la configuración de la acción de amparo constitucional, cuya finalidad es la protección de los derechos fundamentales de las personas (art. 128 de la CPE), que el principio de subsidiariedad -que implica que a través de la acción de amparo no es posible suplir a la jurisdicción llamada por ley y que por lo mismo impone al justiciable la exigencia del agotamiento de vías ordinarias o administrativas- no es aplicable en supuestos de protección al derecho a la estabilidad o inamovilidad laboral reforzada de los padres hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad.

Así la SC 0530/2010-R de 12 de julio, respecto a la no exigencia de agotamiento de recursos previstos por ley, referente de la mujer. sostuvo “…la protección de una mujer trabajadora en estado de gestación (…) es de carácter inmediato por el efecto irreparable que podría causar el hecho ilegal denunciado…”. Del mismo modo, la SCP 0198/2013 de 27 de febrero, haciendo extensiva la línea jurisprudencia procesal respecto del progenitor varón -que a partir del texto constitucional de 2009, integra en esta protección- señaló: “[a]...los padres trabajadores en búsqueda de tutela ante la justicia constitucional ante un despido o destitución de su fuente laboral, extensivamente deberá aplicarse el entendimiento desarrollado con relación a la excepción de la subsidiariedad en las acciones de amparo constitucional…”.

Bajo esta concepción constitucional y jurisprudencial que prescinde del principio de subsidiariedad en la acción de amparo, es que debe entenderse las normas reglamentarias dispuestas en el Artículo Único del DS 496 de 1 de mayo de 2010, complementario del art. 6 del DS 0012 de 19 de febrero de 2009.