SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0779/2013

La acción de amparo constitucional, prevista por el art. 128 de la CPE, se instituye por la Ley Fundamental, como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley.

Es así que, la Norma Suprema enfatiza que esta acción tutelar puede presentarse por la persona: “…que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (art. 129.I de la CPE).

Esta acción de defensa, para su eficacia, tiene un procedimiento especial y rápido, que se inicia con la demanda, el informe de la autoridad demandada, la audiencia, la resolución del juez o tribunal de garantías y, finalmente, la revisión por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Se constituye en un proceso constitucional extraordinario, de tramitación sumaria, en el que se alega la lesión a una garantía o derecho presuntamente vulnerado, que será resuelta por un tribunal de garantías y, en revisión, por este Tribunal.