SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1130/2013

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas” (resaltado fuera del texto original).

Entonces, ante una solicitud de cesación de la detención preventiva, al encontrarse en disputa el derecho a la libertad, como un derecho de carácter universal, reconocido por la Constitución Política del Estado y normas internacionales de derechos humanos, el administrador de justicia, debe ceñirse a las disposiciones legales que establecen plazos para su actuación y que persiguen como resultado la efectivización de los derechos constitucionales y precisan para su aplicación, la materialización de principios y valores constitucionales dentro del marco señalado por el legislador, estableciéndose que, una vez señalada la audiencia de consideración de la cesación de detención preventiva, la misma no podrá ser suspendida de manera injustificada o cuando la suspensión no se deba a causas ajenas a la voluntad del imputado y sobre las cuales él no tenga responsabilidad alguna.

Los razonamientos expuestos supra, son de aplicación en el caso concreto en atención a que se trata de un supuesto en el que, la parte accionante, solicita la modificación de las medidas cautelares, en este caso de las medidas sustitutivas impuestas respecto a la detención preventiva, por cuanto, los plazos dispuestos para el señalamiento y sustanciación de audiencia de cesación a la detención preventiva, desarrollados por la jurisprudencia constitucional glosada, son aplicables a la problemática analizada en razón a que en ambos supuestos, el objetivo pretendido es precisamente modificar la situación jurídica del detenido preventivamente a efectos de que pueda ejercer su derecho a la defensa, en libertad.