SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0789/2013-L

De lo anteriormente expuesto, se advierte una omisión por parte del Juez cautelar demandado de su deber de pronunciarse respecto de la legalidad de la aprehensión del imputado pese a que en el caso concreto el abogado defensor denunció en la mencionada audiencia de medidas cautelares, una ilegal aprehensión e instó al Juez Primero de Instrucción en lo Penal -codemandado- un control de la legalidad de la aprehensión de su defendido; habiendo omitido este deber, el referido Juez, vulneró el derecho al debido proceso del accionante, ya que no cumplió con este deber previsto en los arts. 54 inc. 1), 279 y 289 del CPP, que le asigna el ejercicio del control de la investigación, independientemente que en el caso se hayan cometido ilegalidades o no en la aprehensión; correspondiendo a este Tribunal, supliendo la negligencia de esta autoridad realizar la labor omitida a continuación” (las negrillas son nuestras).

De la jurisprudencia constitucional precedentemente citada, se establece que cuando se trate de solicitudes de control de legalidad de una aprehensión, efectuada por fiscales y/o policías en la etapa preparatoria del proceso penal, no será exigible que el imputado interponga previamente a la acción de libertad, el recurso de apelación incidental, contra la determinación asumida por el Juez cautelar -sobre las denuncias relacionadas a la aprehensión sufrida-, pudiendo por ello, acudir directamente a la jurisdicción constitucional, cuando el Juez de Instrucción en lo Penal, omita corregir o en su caso no subsane las irregularidades denunciadas, con anterioridad a la audiencia de medidas cautelares o en la misma audiencia cautelar; aún así, el afectado haya decidido interponer con posterioridad, recurso de apelación incidental contra la resolución judicial pronunciada sobre el fondo de las medidas cautelares requeridas, en razón a que si bien la apelación podría favorecerle en lo referente a la audiencia cautelar; sin embargo, podría también existir el riesgo de que las irregularidades relacionadas a la aprehensión sufrida, se mantengan incólumes.