SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1517/2013

La exigencia de motivación y fundamentación, cómo no, es también exigible para las autoridades y/o tribunales que conocen un determinado caso en apelación, segunda instancia, revisión, casación o cualquier otra forma de impugnación, respecto a lo actuado por el inferior; debiendo centrar su fundamentación jurídica, con especial atención sobre los puntos controvertidos de la resolución del inferior, en la forma en que haya sido planteada por el justiciable, lo cual a su vez, demanda una respuesta puntual precisa a cada uno de esos puntos cuestionados. En esa línea, la misma Sentencia, señaló que: “…entonces no es menos cierto que el tribunal de apelación y el de casación, deben inexcusablemente resolver todos los puntos apelados o puestos en consideración, así como todas y cada una de las irregularidades denunciadas, pues solo así las partes conocerán los motivos o razones que llevaron al tribunal a tomar esa decisión, lo contrario, también significaría una violación al debido proceso en su componente de la fundamentación jurídica” (las negrillas son nuestras).

Conforme la jurisprudencia citada, se entiende que la motivación y fundamentación cumplen el rol fundamental de convencer a las partes litigantes que, en la resolución del caso se actuó conforme establecen las normas sustantivas y adjetivas aplicables, así como también se resolvió el fallo en base a los principios y valores rectores de la justicia.