DCP 0093/2014 de 19 de diciembre, en base a los siguientes argumentos jurídicos constitucionales:

Esto es congruente con el principio de autogobierno mencionado en el art. 270 constitucional y desarrollado en el art. 5.6 de la LMAD en los siguientes términos: “En los departamentos, las regiones, los municipios y las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la ciudadanía tiene el derecho a dotarse de su propia institucionalidad gubernativa y elegir directamente a sus autoridades en el marco de la autonomía reconocida por la Constitución Política del Estado”. Haciendo un análisis

integral del texto constitucional, se tiene que, fue el propio constituyente el que estableció un marco regulatorio especial para el tratamiento de las relaciones laborales entre el Estado y sus funcionarios (servidores públicos), inserto en el Capítulo Cuarto del Título V de la CPE, que no puede ser atribuida al nivel central, sino que tienen un régimen especial constitucionalmente reconocido (entre los arts. 232 a 240 de la CPE), mientras que, las relaciones laborales desarrolladas en el ámbito privado se manejarían por el régimen laboral general en el marco de los arts. 298.I.16 y 298.II.31 de la CPE.