SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0222/2014-S2

Dentro del proceso ordinario de mejor derecho de propiedad, restitución de posesión, inexistencia, inoponibilidad e ineficacia de derecho propietario, cancelación de partida de derecho propietario y daños y perjuicios, seguido por Félix Martínez Salgueiro y Nora Blanca Santa Cruz de Martínez contra su persona, se emitió la Sentencia de 29 de junio de 2012, que declaró improbada la demanda, debido a que el inmueble de los demandantes, no era el mismo que el de la demandada; resolución que fue apelada y resuelta por Auto de Vista de 8 de enero de 2013, que determinó anular obrados hasta “fs. 793 inclusive”, ordenando al Juez a quo dicte nueva sentencia, ya que habría omitido fundamentar y resolver sobre las pretensiones del tercerista coadyuvante; determinación que habiendo sido recurrida de casación fue resuelta mediante Auto Supremo 393/2013 de 22 de julio, que dispuso que el tribunal de alzada dicte una nueva Resolución resolviendo los recursos de apelación interpuestos; sin embargo, el nuevo Auto de Vista 307 de 4 de septiembre de 2013, efectuó una valoración errada de las pruebas aportadas en el proceso, llegando a provocar inseguridad jurídica; motivo por el cual, recurrió de casación contra dicha resolución, el cual de forma ilegal y atropellando sus derechos y garantías constitucionales fue declarado infundado, a pesar de que su recurso contaba con argumentos por demás motivados y fundamentados, demostrando que el terreno demandado en su contra, correspondía a otro inmueble distinto al de la accionante; apartándose de los marcos de razonabilidad y equidad, ocasionando inseguridad jurídica y atropello a sus derechos, ya que la resolución impugnada no condice ni guarda relación con los fundamentos de su recurso de casación; toda vez que, su persona, señaló el tipo de documento y las fojas que se encuentran en fotocopias simples, en las que el tribunal ad quem sustentó su resolución; y manifestó en cada punto referido a las pruebas, la lesión en cuanto a la valoración ilegal y forzada de las pruebas, que transgredieron las normas acusadas como lesionadas; demostró que su tradición dominial tiene título agrario y quienes no la tienen son los demandantes; asimismo refirió la jurisprudencia aplicable al caso concreto; sin embargo, los mismos fueron obviados, por lo que considera que el Auto Supremo impugnado omitió referirse sobre los argumentos en los que se basó su recurso de casación.