SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0254/2014
Fecha: 12-Feb-2014
II.1.
II.1. A denuncia de Nelly Calle Plata -progenitora de la víctima- y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (fs. 2 y 4 a 5); se inició proceso penal contra Wilson Mario Alarcón Miranda, hoy accionante, atribuyéndole la comisión del delito de violación a niño, niña o adolescente, imputándolo formalmente por dicho delito además del de “abuso deshonesto”, previstos en los arts. 308 bis y 310 inc. b) del Código Penal (CP), refiriendo que el sindicado incurrió en el hecho delictivo atribuido en tres oportunidades, en desmedro del menor de diez años de edad, quien relató en su declaración que fue abusado sexualmente con engaños por parte de su agresor para llevarlo primero a un lugar aislado y desocupado, y posteriormente a su domicilio (fs. 11 y vta.). Informada del inicio de investigaciones, la autoridad cautelar -Juez Noveno de Instrucción en lo Penal del departamento de La Paz, en suplencia de su similar Octavo-, finalizada la audiencia celebrada a efectos de considerar la situación jurídica del procesado, dictó la Resolución 660/2010 de 16 de diciembre, determinando su detención preventiva en el penal de San Pedro, en aplicación de los arts. 54 y 233 del CPP, señalando que se advertían la existencia de suficientes elementos racionales que verificaban que el hecho existió y que el imputado era con probabilidad autor del delito, además de concurrir los peligros de fuga y de obstaculización, insertos en los arts. 234.4 y 10; y, 235.2 del Código aludido, al haber constatado de las investigaciones que, de manera maliciosa, el accionante logró su incorporación al Ejército Nacional, constituyendo además su conducta un peligro para la víctima, sus familiares y la sociedad en su conjunto, habiendo recibido además el menor amenazas para acallar sobre el delito cometido en su contra (fs. 17 a 20).
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- I.2.1. Ratificación de la acción
- a)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- i)
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 16
- 1)
- Fragmento 18
- se practicará la citación, personal o por cédula, a la autoridad o a la persona denunciada…
- A más de ser una formalidad procesal, es un acto necesario para la validez del proceso, pues sólo a través de ella se garantiza el principio de contradicción, quedando la parte a derecho; de modo que, dicho formalismo de orden procesal tiende a garantizar el ejercicio íntegro del derecho a la defensa como componente del debido proceso
- la persona contra la que se dirija una demanda sea debida y legalmente informada de su existencia, pues de desconocerla no podrá desvirtuar los extremos contenidos en ella, objetivo que se consigue precisamente a través del instituto procesal de la citación
- el juez o tribunal de garantías, al asumir comprensión de la acción de libertad, deben tomar las precauciones necesarias en la medida que la autoridad o persona demandada, tengan conocimiento íntegro de la pretensión iniciada en su contra; es decir, deben dar estricto cumplimiento de las normas que rigen el procedimiento y la modalidad de citación”
- Fragmento 23
- III.3. Del debido proceso en medidas cautelares y su protección a través de la acción de libertad
- la acción de libertad, tratándose de medidas cautelares de carácter personal, sólo puede activarse ante un procesamiento indebido, cuando se encuentra relacionado directamente con la amenaza, restricción o supresión de la libertad física o de locomoción y se hubieren agotado todos los mecanismos intraprocesales de impugnación
- “…tratándose de medidas cautelares de carácter personal, no es posible exigir la concurrencia del absoluto estado de indefensión como requisito para activar la acción de libertad, habida cuenta que, conforme lo establecieron las propias Sentencias Constitucionales citadas, el actor debe agotar los mecanismos de impugnación intraprocesales previo a la activación de la acción de libertad
- Fragmento 27
- sin embargo, para la procedencia de aquel beneficio, es necesario cumplir a cabalidad con las condiciones y presupuestos para su procedencia establecidos en el precepto legal aludido
- El Tribunal Constitucional, ha desarrollado ampliamente aquellos elementos que las autoridades jurisdiccionales deben tomar en cuenta a tiempo de resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva
- corresponde al imputado probar conforme a la norma precedentemente señalada la existencia de nuevos elementos de juicio que demuestren que ya no concurren los motivos que fundaron su detención preventiva o en su caso, tornen por conveniente que sea sustituida por la aplicación las otras medidas que se encuentran desarrolladas en el art. 240 del CPP.
- la evaluación de esos parámetros objetivos, ya sea para determinar el peligro de fuga o el riesgo de obstaculización, debe ser realizada en forma integral, lo que supone que: '…el órgano jurisdiccional debe hacer un test sobre los aspectos positivos o negativos (favorables o desfavorables) que informan el caso concreto, de cara a los puntos fijados por la ley para medir tanto el riesgo de fuga como el de obstaculización; de tal modo que de esa compulsa integral, se llegue a la conclusión razonada sobre si existe o no riesgo de fuga u obstaculización. En esta evaluación, unos puntos pueden reforzar, o por el contrario enervar o eliminar los riesgos aludidos; lo cual, naturalmente, debe ser expuesto por el juez en la resolución que emita de manera coherente, clara y precisa'
- a tiempo de contrastar los nuevos elementos presentados por el imputado, deberá fundamentar la decisión de conceder o rechazar la solicitud de cesación de la detención expresando los motivos de hecho y de derecho en que funda su determinación, los cuales deben obedecer a criterios objetivos, exponiendo el valor otorgado a los medios de prueba presentados y sujetando su análisis a los presupuestos que fundaron la detención preventiva del imputado
- Fragmento 33
- III.5. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR