SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0354/2014

Con referencia a la competencia y obligación del Tribunal que conoce una apelación, la SCP 1536/2013 de 09 de septiembre, ha expresado que: “Ahora bien, por regla general, las resoluciones pronunciadas en apelación, en virtud a lo establecido por el art. 398 del CPP, deben circunscribirse a los aspectos cuestionados en la resolución. Sin embargo, esta limitación no significa que las autoridades judiciales, en apelación, deban abstenerse de realizar el análisis sobre los supuestos previstos en el art. 233 del CPP, pues esa obligación les es exigible cuando tengan que revocar la resolución del inferior que impuso medidas sustitutivas; es decir, los Vocales deben precisar los elementos de convicción que les permitan concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva , debiendo justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos en el art. 233 del CPP”.

En conclusión, la fundamentación de las resoluciones judiciales se constituye en un elemento primordial de las decisiones judiciales que debe estar presente no sólo en aquellos fallos que determinan la detención preventiva , sino también en las decisiones que se emiten a efectos de rechazar las solicitudes de cesación a la medida cautelar de privación temporal de libertad, su sustitución o modificación; es decir, una debida fundamentación es exigible tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia como en aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial (art. 124 del CPP), toda vez que:” La función del juez radica en la definición del derecho y uno de los principios en que se inspira reside en el imperativo de que, sin excepciones, sus providencias estén clara y completamente motivadas. La obligatoriedad e intangibilidad de las decisiones judiciales proviene de la autoridad que les confiere la Constitución para resolver los casos concretos, con base en la aplicación de los preceptos, principios y valores plasmados en la propia Carta y en las leyes, y de ninguna manera emanan de la simple voluntad o de la imposición que pretenda hacer el juez de una determinada conducta o abstención, forzosa para el sujeto pasivo del fallo”.

En este entender, puesto que el Tribunal ad quem tiene la obligación de resolver una apelación, contrastando los elementos de juicio presentados en primera fase con los fundamentos de agravio expuestos por la parte apelante; sin embargo no está eximido de fundamentar y motivar de manera sistemática sobre la concurrencia de los supuestos previstos en el art. 233 del CPP cuando se modifica una decisión del a quo, y se impone la detención preventiva.