SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0380/2014
Fecha: 21-Feb-2014
deniega
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 128/2013 de 25 de noviembre, cursante de fs. 308 a 309 vta., por la que deniega la acción de amparo constitucional, bajo los siguientes fundamentos: a) Se reclamó la vulneración de los derechos a la defensa, al debido proceso y al acceso a la educación, al respecto, cursan informes de los encargados de servicio por los que se menciona que “…el Caballero Cadete Jaime Arequipa Salazar…” (sic), no se incorporó a la UNIPOL, por lo que en virtud a ello se emitió la RA 020/12, por haber incurrido en deserción, falta gravísima conforme el art. 40 inc.2)del Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Grado de la UNIPOL, desde dicho punto de vista el procedimiento para este tipo de falta se halla normado por el art. 64 del referido Reglamento ;b) Se advierte de las literales aparejadas por el accionante de “fs. 1 a 15”, que la determinación de sanción retiro definitivo de Jaime Arequipa Salazar de la Unidad Académica de la UNIPOL, cumplió con el Reglamento antes referido, no habiéndose transgredido el debido proceso; c) Velando su derecho de defensa, el propio accionante, ha interpuesto el recurso jerárquico, el mismo que también en observancia del debido proceso y los arts. 84 y ss. del mencionado Reglamento ha sido resuelto, confirmando en todas sus partes la Resolución sancionatoria 020/12; d) Existió un contrato de admisión, permanencia, retiro y/o egreso de la “Universidad Policial-Academia Nacional de Policías”, en cuya cláusula primera el postulante se compromete a cumplir el Reglamento del Régimen Disciplinario de la Universidad Policial-Academia Nacional de Policías. Asimismo en la cláusula Décima Quinta declaró que su ingreso era netamente voluntario, y que su admisión, permanencia y retiro, estaba condicionada y sujeta a su comportamiento, disciplina, rendimiento, observancia y fiel cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen a la UNIPOL y ANAPOL, comprometiéndose a no seguir acción judicial contra esta institución; e) El accionante, tenía conocimiento de lo que podría ocurrir en caso de inasistencia, por lo que debió haber presentado un permiso escrito, una llamada telefónica y no simplemente desaparecer, tal como refieren los informes de los funcionarios encargados, además se tiene conocimiento que dichos funcionarios tomaron contacto con los familiares del accionante antes de emitir informe; sin embargo, no recibieron respuesta sobre su paradero; f) El certificado médico presentado por el accionante para justificar su inasistencia en ningún momento refirió su internación clínica u hospitalaria; y, g) El alejamiento definitivo dispuesto por la Comisión del Régimen Disciplinario de la UNIPOL, así como la confirmación de dicho alejamiento a través de la Resolución emitida por el Vicerrectorado de la UNIPOL, se hallan de acuerdo al Reglamento del Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Grado de la UNIPOL y a los términos pactados dentro del contrato de admisión, permanencia, retiro y/o egreso de la citada Universidad, por lo que no se puede ingresar al análisis del cumplimiento o incumpliendo de contratos, correspondiendo a otras instancias administrativas su pronunciamiento.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- deniega
- II.1.
- II.2.
- II.3
- II.4.
- II.6.
- II.7.
- II.9.
- I.3.1. Rechazo de la acción de amparo constitucional
- I.3.2. Admisión de la acción de amparo constitucional
- 1)La ANAPOL
- III.1. La acción de amparo constitucional, su naturaleza jurídica
- Fragmento 19
- III.2.
- asegura a las partes el conocimiento de las resoluciones pronunciadas por el órgano judicial o administrativo actuante durante el proceso, a objeto de que pueda comparecer en el juicio y asumir defensa, y en su caso hacer uso efectivo de los recursos que la ley le franquea.
- No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad,
- el derecho al debido proceso no solamente es exigible dentro de los procesos judiciales, sino que también abarcan a los procesos administrativos, jurisprudencia que no contradice los principios constitucionales; y que por lo tanto, es compatible con la Constitución vigente
- ´…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomodan a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; comprende la potestad de ser escuchado presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo (derecho a la defensa) y la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica
- constituyendo sus elementos la intervención de un juez independiente, competente e imparcial, el emplazamiento válido, el derecho a ser oído, a poder probar lo alegado, a la fundamentación de los fallos, al control constitucional del proceso y la doble instancia
- Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma
- cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido
- “…a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, e) Debe valorar da manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de los ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuentica jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado
- una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre todos los puntos demandados, debiendo expresar la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución asumida
- que toda resolución necesariamente debe estar motivada y fundamentada, respetando además el principio de congruencia que se constituye en componente de la garantía del debido proceso y exige plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de una resolución
- Las resoluciones pronunciadas en el ámbito judicial o administrativo, deben estar debidamente fundamentadas, es decir que deben apreciarse y valorarse cada una de las pruebas aportadas, sean de cargo como de descargo, relacionándolas con los hechos y citando las disposiciones legales que sustentan la decisión
- La motivación de las resoluciones administrativas, es un deber ineludible del tribunal o autoridad de segunda instancia, que por delegación se le asigna la tarea de enmendar, cuando correspondiere las vulneraciones de derechos surgidas en el tribunal o autoridad de origen. La motivación de las resoluciones debe ser comprensible, puntual, concreta y en todos los casos lógica, incluyendo el análisis de todos los aspectos relacionados al asunto principal y de aquellos otros derivados del eje central en cuestión (mínima petita), correspondiendo efectuarse una relación de causalidad estrecha entre los hechos y la normativa inherente al caso específico.
- Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados
- En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes.
- Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”
- la primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido
- el derecho a la defensa, que implica no sólo ser citado al inicio de la acción interpuesta, sino también la notificación posterior de cada una de las actuaciones, pues a partir de ellas, el procesado podrá presentar todas las pruebas que considere demostrarán su inocencia
- III.3.5. Del derecho a la educación
- El derecho a la educación confiere a todo ser humano el acceso a un sistema educativo en todos los niveles avalando su formación como un alto fin del Estado. En conclusión, el derecho a la educación, requiere de los poderes públicos acciones reales que garanticen en todos los casos su efectivo disfrute. El derecho a la educación es un derecho increcendo en su ejercicio, en tanto y cuanto se adquiera una mayor formación en los distintos niveles del proceso de aprendizaje, mejorando el nivel de vida y siendo útil a la sociedad, fines de éstos encaminados al ´Vivir Bien´
- III.4. Análisis del caso concreto
- 1) De los actos de la Comisión de Régimen Disciplinario de la Académica Nacional de Policías.
- 2º