SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0549/2014

El reconocimiento pleno de los derechos fundamentales ha tenido un desarrollo lento y dilatado en términos históricos, cuyo costo es incuantificable o insondable, por ello, se considera una conquista de la humanidad el hecho de haberse conseguido incorporar en las diferentes legislaciones internas de cada Estado, así como en el orden internacional, normas relativas a derechos humanos; así, la vigencia y el reconocimiento de éstos implica que ninguna persona puede ser privada de ellos, lo cual compele al Estado respetar y garantizar la eficacia de los mismos.

En el marco de las consideraciones anteriores, la acción de amparo constitucional constituye una verdadera garantía de naturaleza jurisdiccional, destinada a la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales contra toda conducta proveniente de personas particulares o servidores públicos que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión a los mismos. En ese sentido, el art. 128 de la CPE señala: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”.

En base a la norma constitucional glosada precedentemente, el máximo intérprete y guardián de la Constitución Política del Estado y protector de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, sostuvo que: “…la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuyo ámbito de protección se circunscribe respecto de aquellos derechos fundamentales y garantías, que no se encuentran resguardados por los otros mecanismos de protección especializada que el mismo orden constitucional brinda a los bolivianos, como la acción de libertad, de protección de privacidad, popular, de cumplimiento, etc. Asimismo, desde el ámbito de los actos contra los que procede, esta acción se dirige contra aquellos actos y omisiones ilegales o indebidos provenientes no sólo de los servidores públicos sino también de las personas individuales o colectivas que restrinjan o amenacen restringir los derechos y garantías objeto de su protección.

En este orden de ideas, la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios. A estas características se añade la de generalidad, a través de la cual la acción puede ser presentada sin excepción contra todo servidor público o persona individual o colectiva” (SCP 0002/2012 de 13 de marzo).