SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1089/2014

Sucre, 10 de junio de 2014

SALA SEGUNDA

Magistrada Relatora: Dra. Mirtha Camacho Quiroga

Acción de amparo constitucional

Expediente: 04148-2013-10-AAC

Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 136/2013 de 17 de diciembre, cursante de fs. 624 a 625 y vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gabriel Jorge Rojas Torrez en representación legal de Erick Yerko Terán Mendoza contra Rigoberto Sánchez Villanueva, Presidente, Mario Hinojosa Rassit, Ex Presidente, Julio César Reynaga Rojas, Rosario Irene Chávez Alurralde, María Elena Escobar Mejía, Ex Vocales Titulares; y, Rommel Cesar Raña Pommier, Ex Vocal Suplente, todos del Tribunal Disciplinario Superior Liquidador de la Policía Boliviana.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de junio de 2013, cursante de fs. 53 a 63, de obrados, subsanada de fs. 136 a 138 vta., el accionante a través de su representante, aseveró lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A raíz de un hecho ocurrido el 14 de diciembre de 2010, en vigencia del Reglamento abrogado de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía Nacional (RFDSPN), su representado Erick Yerko Terán Mendoza, en su condición de capitán de policía, fue sometido a un proceso administrativo disciplinario, por incurrir en falta grave incursa en el art. 6 inc. “C” numeral 9) e inc. “D” numeral 10) del indicado Reglamento, es decir por “Faltar de palabra agredir a un superior o subalterno” y “Agresión (Riñas y Peleas) entre miembros de la institución en su diferentes grados o jerarquías, constituyendo agravante, si la misma se produce contra el personal que se encuentra de servicio o cumpliendo una misión”; proceso que debió ser liquidado en su dos instancias, en el límite operativo y temporal del plazo de doce meses, conforme a lo previsto por el art. 2, Parágrafo II de las Disposiciones Transitorias y lo dispuesto por el art. 1 de las Disposiciones Abrogatorias y Derogatorias de la Ley 101 de 4 de abril de 2011, Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana.

Alega que por ese hecho, el 3 de noviembre de 2011, el Tribunal Disciplinario Departamental Liquidador de Cochabamba, dictó la Resolución 152/2011, por la cual, fue sancionado, al retiro temporal del servicio de un año, con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes. Interpuesta la respectiva apelación, el Tribunal Disciplinario Superior Liquidador de la Policía Boliviana, un día antes de precluir el indicado plazo de doces meses, pronunció la Resolución 774/2012 de 3 de abril, declarando improbado el mencionado recurso y en consecuencia confirmó la Resolución apelada.

Puntualiza que no fue notificado con la Resolución de alzada en el término de veinticuatro horas, por lo que el Presidente del Tribunal Disciplinario Superior Liquidador, luego de haber transcurrido un año, dos meses y tres días, de dictarse la Resolución 774/2012, es decir de manera extemporánea, extraprocesal, habiendo perdido toda competencia y estando la misma, prescrita por mora procesal, despojada de toda eficacia jurídica como límite temporal operativo para la conclusión de todas las causas disciplinarias en liquidación, emitió el CITE 0789/13 de 29 de mayo, conteniendo orden instruida, por el cual, ordenó al Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental de Cochabamba, para que por intermedio del oficial de diligencias, proceda con su notificación personal con la citada Resolución de alzada, notificación que a pesar que se le practicó el 6 de junio de 2013, se le negó la entrega de copia de dicha Resolución.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante a través de su abogado apoderado, alega lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la igualdad procesal, a no ser discriminado, a la primacía constitucional, y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, señalando al efecto, los arts. 14. II, III y IV, 109.I y II, 115.II, 117.I, 119.I y II; y, 410. I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo se deje sin efecto la Resolución 774/2012 de 3 de abril y el CITE 0789/13 de 29 de mayo de 2012, más el pago de costas.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Efectuada la audiencia pública el 28 de noviembre de 2013, según consta en el acta cursante de fs. 578 a 585 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado apoderado, en audiencia se ratificó in extenso en el contenido de la demanda de acción de amparo constitucional interpuesta, ampliándola en el sentido que: a) Si bien el Tribunal Disciplinario Superior Liquidador de la Policía Boliviana, dentro del límite establecido de doce meses, dictó la Resolución de segunda instancia 744/2012 de 3 de abril; sin embargo, omitió realizar la exigencia legal de notificación personal y publicación de la citada Resolución en el límite operativo y plazo señalado, más aún si se conocía el último domicilio laboral de su representado que era Cochabamba, así como su domicilio real y teléfono, por lo que no existía impedimento para practicar su legal y personal notificación; b) Se prescindió realizar la dictación de la orden de ejecución y cumplimiento del acto administrativo juzgado y sancionado por la Resolución de alzada en el plazo de doce meses, ya que el mismo ha precluido el 4 de abril de 2012, fecha a partir del cual, dejaron de existir los tribunales disciplinarios liquidadores y en consecuencia ya no tenían competencia, por lo que la Resolución de alzada, dejó de tener eficacia por la demora procesal e incumplimiento de deberes en que se incurrió; c) Rigoberto Sánchez Villanueva, a través del oficio de 29 de mayo de 2012, dirigido Eduardo Almanza Pérez, Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental de Cochabamba, ordenó que mediante el Oficial de Diligencias del mencionado y extinguido Tribunal, practique de manera extemporánea, defectuosa y nula la notificación; y, d) Erick Yerko Terán Mendoza, no fue notificado por parte del Comando General, con la Resolución 774/2013 de 3 de abril, ya que simplemente se hizo una transcripción descriptiva y peyorativa de sus derechos establecidos en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que dice nadie podrá ser dado de baja, ni retirado de la institución policial, sino es con el debido proceso, por lo que solicita su reincorporación al servicio policial.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Rigoberto Sánchez Villanueva, Presidente del Tribunal Disciplinario Superior Liquidador de la Policía Boliviana, en audiencia a través de su abogado apoderado, informó que: 1) Deducida la apelación por parte del accionante contra la Resolución 152/2011 de 3 de noviembre, en grado de alzada, pronunciaron la Resolución 774/2012 de 3 de abril, confirmando la sanción ordenada contra Erick Yerko Terán Mendoza, con retiro temporal de servicio de la institución policial con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes de un año; Resolución que conforme al reglamento constituye el último acto administrativo que realiza un ente disciplinario, por lo que a partir de esa fecha, dicho tribunal ya no tenía competencia para conocer incidentes y excepciones; 2) Desde el 3 de abril de 2012, fecha de emisión de la Resolución, al 6 de junio del mismo año, día de la notificación practicada al representado del accionante Erick Yerko Terán Mendoza con la Resolución 774/2013, no se opuso ningún incidente de prescripción de la acción, sino recién el 10 de junio de 2012, solicitud que mereció respuesta de estese a la indicada Resolución; y, 3) Su representado, carece de legitimación pasiva para ser demandado en la presente acción de amparo constitucional, por cuanto no tiene las atribuciones para ejecutar las Resoluciones y no fue él quien suscribió la citada Resolución de alzada 774/2012 de 3 de abril, por lo que pidió se deniegue la tutela impetrada.

Por su parte, los codemandados Mario Hinojosa Rassit, Ex Presidente, Julio Cesar Reynaga Rojas, Ex Vocal Titular, Rosario Irene Chávez Alurralde, Ex Vocal Titular, María Elena Escobar Mejía, Ex Vocal Titular, Rommel Cesar Raña Pommier, Ex Vocal Suplente, todos del Tribunal Disciplinario Superior Liquidador de la Policía Boliviana, a pesar de su legal notificación, no remitieron informe alguno y menos se hicieron presentes a la audiencia señalada.

I.2.3. Intervención de terceros interesados

Wilma Teodora Condori y Hugo Mamani Mamani, presentes en audiencia, manifestaron que como Vocales del Tribunal Disciplinario Superior, no adquieren la condición de terceros interesados.

I.2.4. Resolución

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 136/2013 de 17 de diciembre, cursante de fs. 624 a 625 vta., denegó la acción de amparo constitucional, fundando su Resolución en los siguientes puntos: i) La cuestionada Resolución 774/2012 de 3 de abril, fue dictada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 101, que en su disposición transitoria segunda, establece que se concede el plazo de doce meses para liquidar las causas pendientes, es decir desde el 4 de abril de 2011, por lo que resulta innecesario entrar a considerar dicha Resolución, ya que no es legalmente viable dejar sin efecto la misma, cuando se emitió dentro de la ampliación de los plazos otorgado por ley, más aún cuando no se advirtió la vulneración de derecho o garantía constitucional alguna; ii) La instructiva 003/2012 de 3 de julio, declaró expresamente en suspenso los plazos procesales, toda vez que sujetos no identificados ocasionaron daños materiales de consideración en los inmuebles del Tribunal Disciplinario, sustrayendo los expedientes que se hallaban en trámite; razón por la cual, la mencionada Resolución 774 de 3 de abril de 2012, fue dictada dentro de los alcances de esta ley; y, iii) La notificación extrañada como vulneratoria al debido proceso, puede ser realizada considerando la instructiva 003/2012 de 3 de julio, que es justificable, razón por lo que se hace inviable otorgar la tutela impetrada por el ahora accionante.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1. Cursa el cuadernillo del proceso disciplinario conteniendo informes policiales, certificado médico forense, muestrarios fotográficos, entrevistas, declaraciones y denuncia de ANSSCLAPOL contra Erick Yerko Terán Mendoza, por haber agredido física y verbalmente a Jhonny Romero Velarde, a horas 10:00 del 14 de diciembre de 2010, hecho por el cual, se inició el indicado proceso contra el nombrado accionante (fs. 286 a 479).

II.2. Dentro del señalado proceso disciplinario, administrativo oral, público, continuo y contradictorio seguido contra Erick Yerko Terán Mendoza, el Tribunal Disciplinario Departamental de Cochabamba, de conformidad con los incs. a) y b) del art. 122 del Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía Nacional, el 3 de noviembre de 2011, dictó Resolución 152/2011, imponiéndole al nombrado accionante, la sanción de retiro temporal del servicio de un año, con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes, por haber incurrido en falta grave prevista en el art. 6 inc. “C” numeral 9 del Reglamento Disciplinario (fs. 8 a 10).

II.3. El 3 de abril de 2012, los hoy demandados, Julio Cesar Reinaga Rojas, Rosario Irene Chávez Alurralde y María Elena Escobar Mejía, Vocales Titulares del Tribunal Disciplinario Superior Liquidador de la Policía Boliviana, Rommel Cesar Raña Pommier, Vocal Suplente y Mario Hinojosa Rassit, Presidente del indicado Tribunal, pronunciaron la Resolución 774/2012, por la cual, declararon improbado el recurso de apelación presentado por Erick Yerko Terán Mendoza y confirmaron la Resolución 152/2011 de 3 de noviembre, emitida por el Tribunal Disciplinario Departamental de Cochabamba (fs.5 a 7).

II.4. Mediante Cite 0789/2013 de 29 de mayo, consta que el ahora demandado, Rigoberto Sánchez Villanueva, ordenó a Eduardo Luís Almanza Pérez, Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental de Cochabamba, notifique con Resolución legalizada 774/2012 de 3 de abril, a Erick Yerko Terán Mendoza (fs. 4).

II.5. Según acta de audiencia pública de acción de amparo constitucional y lo informado por el abogado apoderado del demandado, Rigoberto Sánchez Villanueva, se infiere que Erick Yerko Terán Mendoza, fue notificado con la Resolución de alzada, el 6 de junio de 2013 (fs. 583 vta.).

II.6. Consta que la parte accionante mediante memorial de 10 de junio de 2013, opuso ante el Tribunal Disciplinario Superior Liquidador, la excepción de previo y especial pronunciamiento por haber, bajo el fundamento de haberse vencido el plazo previsto en el art. 133-C del abrogado RFDSPN y por mora procesal al haber dejado precluir el limite operativo para concluir las causas en liquidación en el plazo de doce meses (fs. 222 a 241 y vta.).

II.7. Por decreto de 27 de junio de 2013, se establece que Rigoberto Sánchez Villanueva, Presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, pronunciándose respecto a la excepción promovida por la parte accionante, dispuso que el mismo, estese a la Resolución 774/2012 de 3 de abril (fs. 217)

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, alega lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la igualdad procesal, a no ser discriminado, a la primacía constitucional y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, manifestando que Rigoberto Sánchez Villanueva, Presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, de manera ilegal y extraprocesal, ordenó mediante nota de 29 de mayo de 2013, al Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental de Cochabamba, se le notifique con la Resolución 744/2012 de 3 de abril, actuando que se cumplió el 6 de junio de 2013, cuando el indicado Tribunal ya no tenía competencia para actuar y se hallaba prescrita por mora procesal, despojada de toda eficacia jurídica como límite temporal operativo para la conclusión de causas disciplinarias en liquidación, es decir, después de haber transcurrido un año, dos meses y tres días, de haberse dictado dicha Resolución.

En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional

La acción de amparo constitucional prevista por el art. 128 de la CPE, es instituida como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley.

En cuanto a su viabilidad, el art. 129.I de la CPE, precisa que esta acción tutelar se interpondrá: “…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”, conocido como el carácter subsidiario de la acción tutelar en análisis. La segunda de sus características es la inmediatez, establecida en el parágrafo II de la citada norma constitucional que determina que esta acción: “…podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”.

De los preceptos constitucionales precedentes, concluimos que la acción de amparo constitucional, es una acción de defensa de todas las garantías y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado y en los pactos y tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado conforme se infiere de la previsión contenida en el art. 410 de la CPE exceptuando los derechos a la libertad, que están tutelados por la acción de libertad; los tutelados por la acción de privacidad como son los derechos a la intimidad, privacidad personal o familiar, a la imagen, honra y reputación cuando se impida de alguna forma, conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de estos datos registrados en un archivo o banco de datos públicos o privados; así como los derechos colectivos que por su naturaleza están tutelados por la acción popular.

III.2. Exordio a la responsabilidad disciplinaria de los miembros de la Policía Boliviana

Sobre el exordio a la responsabilidad disciplinaria de los miembros de la Policía Boliviana, la SCP 0094/2012 de 19 de abril, señaló que: “En el orden constitucional vigente, se regula a la Policía Boliviana dentro del marco de lo prescrito por el art. 251.I de la CPE, que señala: 'La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado'.

Con relación a su misión y finalidad, el art. 6 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (LOPN), establece que: 'La Policía Nacional tiene por misión fundamental, conservar el orden público, la defensa de la sociedad y la garantía del cumplimiento de las leyes, con la finalidad de hacer posible que los habitantes y la sociedad se desarrollen a plenitud, en un clima de paz y tranquilidad'.

Por último, el art. 3 de la LRDPB, acoge diversos principios rectores de la función pública policial adecuados a la misión y finalidad constitucional referida, entre ellos, tenemos a: La ética, como la cualidad moral del funcionario policial que condiciona su comportamiento a la práctica de valores humanos y sociales; la disciplina, principio que compele al funcionario policial en el marco de las leyes y sus reglamentos, además de su estructura institucional, a que cumpla con las reglas de orden jerárquico y de subordinación; responsabilidad, por el que el funcionario policial, debe responder por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o en el cumplimiento del deber. Estos Principios, son de cumplimiento obligatorio por los miembros de la entidad policial, más aún, si se tiene en cuenta que, el perfil policial diseñado por nuestro ordenamiento jurídico, promueve a que el funcionario policial deba ser una persona íntegra, que ejercite y defienda los valores democráticos y en general constitucionales, sometida a la disciplina, a la jerarquía y al orden de la institución, con la suficiencia moral y profesional para generar en la sociedad confianza y respeto a tiempo de cumplir con su misión fundamental establecida por la Constitución Política del Estado, cual es, la defensa de la sociedad y el cumplimiento de las leyes; concluyéndose que, ante la eventual inconducta de algún funcionario policial, éste puede ser sometido a un proceso disciplinario, y si es hallado responsable de alguna falta, ameritará una sanción, conforme prevén las normas especializadas de la entidad policial”.

III.3. El debido proceso en procesos administrativos disciplinarios

El debido proceso en procesos administrativos disciplinarios, la indicada SCP 0094/2012 de 19 de abril, estableció que: “El debido proceso, ha sido concebido por nuestra Norma Fundamental en sus arts. 115.II y 117.I, '…como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso está reconocida por la misma Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, un principio procesal y una garantía de la administración de justicia…', (SC 0473/2011-R de 18 de abril); teleológicamente, el valor Justicia, es la máxima aspiración que pretende lograr este instituto jurídico, cuando es aplicado en los distintos procedimientos previstos en nuestra legislación, en ese sentido se pronuncia la SC 0999/2003-R de 16 de julio, que refiere: 'La importancia del debido proceso esta ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc.'.

La doctrina jurisprudencial, conforme con el marco constitucional desarrollado, ha establecido que, los elementos que integran al debido proceso son: El derecho a un proceso público, el derecho al juez natural, el derecho a la igualdad procesal de las partes, el derecho a no declarar contra si mismo, la garantía de presunción de inocencia, el derecho a la comunicación previa de la acusación, el derecho a la defensa material y técnica, la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, el derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in idem, el derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras), elementos que por el principio de progresividad no tienen un carácter limitativo, sino enunciativo y que son aplicables a las distintas instancias administrativas sancionatorias, como la de la Policía Boliviana.

Es decir, los procesos disciplinarios administrativos, y específicamente aquellos realizados al interior de la Policía Boliviana, no están exentos de la aplicación del debido proceso, así el Tribunal Constitucional, mediante la SC 2692/2010-R de 6 de diciembre, señaló: '…al interior de los procesos administrativos entre los cuales se encuentran los procesos disciplinarios, es exigible el respeto al derecho al debido proceso, y como consecuencia de ello, la exigencia del respeto de cada uno de sus presupuestos constitutivos o configurativos entre los cuales se encuentra la exigencia de que toda resolución que emane de este ámbito se encuentre debidamente fundamentada y motivada'; congruente con lo prescrito por el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que instituye: 'Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter', con lo que corresponde analizar las connotaciones jurídicas en el presente caso”.

III.4. Análisis en el caso concreto

Hecha la valoración de antecedentes y considerando que el art. 128 de la CPE, dispone que la acción de amparo constitucional ha sido instituida como una acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la misma Constitución y la ley, se concluye lo siguiente:

El accionante a través de su representante, alego que dentro del proceso disciplinario que se le siguió, un día antes de concluir el plazo de doce meses para resolver las causas en liquidación, es decir el 3 de abril de 2012, el Tribunal Disciplinario Liquidador Superior, pronunció la Resolución 774/2012, por la cual se confirmó la Resolución 152/2011 de 3 de noviembre, emitida por el Tribunal Disciplinario Liquidador Departamental de Cochabamba, que sancionó a Eric Yerko Terán Mendoza, con el retiro temporal del servicio de la institución policial con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes de un año, Resolución con la que no fue notificado dentro del término de veinticuatro horas, sino después de haber transcurrido, un año, dos meses y tres días de dictarse la citada Resolución de alzada, es decir cuando dicho Tribunal ya no tenía competencia para actuar.

De la revisión de antecedentes se advierte, que las autoridades ahora demandadas, del Tribunal Disciplinario Superior Liquidador, al dictar la citada Resolución de alzada 744/2012 de 3 de abril, no vulneraron derecho, garantía o principio alguno, por cuanto según la disposición transitoria segunda (adecuación), parágrafo II de la Ley 101 de 4 de abril de 2011, Nueva Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, establece que. “Los procesos que se encuentran en actual trámite y hubieran sido objeto de acusación, continuaran rigiéndose por el Reglamento de Faltas Disciplinarias y sus Sanciones de la Policía Nacional aprobado mediante Resolución Suprema N° 222266 de 9 de febrero 2004, hasta su conclusión, debiendo concluir en un plazo máximo de doce meses desde la publicación de esta ley y se aplicará en todo caso a la norma más favorable a la procesada o el procesado”.

Ahora bien, siguiendo la línea de la citada disposición transitoria, se entiende que el mencionado proceso disciplinario, debió concluir en el plazo máximo de doce meses, lo que equivale decir, hasta el 4 de abril de 2012; en el caso de autos, se tiene que la tantas veces citada Resolución 744/2012, fue dictada el 3 del mismo mes y año, si bien se produjo un día antes de que concluyera dicho plazo, es lógico concluir que se pronunció en el término señalado de doce meses, por lo que no se vulneró derecho, garantía o principio alguno.

En cuanto al punto cuestionado, no fue notificado con la Resolución de alzada en el término de veinticuatro horas, sino después de haber transcurrido un año, dos meses y tres días de dictarse la misma, es decir recién el 6 de junio de 2013, no es supuesto que amerite dejar sin efecto una Resolución que en sujeción al debido proceso se emitió dentro del término establecido, por cuanto de acuerdo a la instructiva 003/2012 de 3 de julio, emitida por Jaime Paz Morales Poveda, Presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, se tiene que expresamente y bajo el fundamento que el Edificio del Ex Comando, donde funciona el Tribunal Disciplinario Superior de esa institución, fue objeto de asaltos, daños materiales en inmuebles y equipos de computación, así como la sustracción de expedientes, Resoluciones de primera instancia y otros documentos que se radicaron y que se hallaban en Presidencia, por parte de sujetos no identificados y hasta entre tanto se vuelva a estructurar, reestablecer medios técnicos, materiales, mobiliarios y concretamente hasta que se efectué la reposición de expedientes, en previsión de los arts. 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley 101, declaró en suspenso los plazos procesales, por constituir esos hechos, circunstancia de fuerza mayor; aspecto por el cual, se concluye que la notificación practicada el 6 de junio de 2013, se lo hizo en función y el justificativo expuesto en la citada instructiva, razón por el que no se lesionó de derechos y garantías, por cuanto si bien Mediante Cite 0789/2013 de 29 de mayo, el ahora demandado, Rigoberto Sánchez Villanueva, ordenó a Eduardo Luís Almanza Pérez, Presidente del Tribunal Disciplinario Departamental de Cochabamba, se realice la notificación señalada, fue precisamente porque se entiende que desde el 3 de julio de 2012, todos los procesos disciplinarios en trámites, se hallaban en suspenso, por lo que conforme al Fundamento Jurídico III. 2 del presente fallo constitucional, este tribunal no advierte vulneración al debido proceso.

Por lo expresado precedentemente, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes procesales de esta acción tutelar interpuesta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución 136/2013 de 17 de diciembre, cursante de fs. 624 a 625 y vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en tribunal de garantías; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Soraida Rosario Chánez Chire

MAGISTRADA