SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1121/2014

El art. 251 del CPP, establece que: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas. El Tribunal de Apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (resaltado agregado). En ese sentido, nuestro ordenamiento jurídico garantiza que el imputado pueda impugnar una resolución que dispone una medida cautelar de carácter personal que considera que va en desmedro a su derecho a la libertad y que la misma se resuelve en un término razonable.

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional se pronunció respecto al plazo de la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada; así la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, que resolvió en revisión un caso en el que ante una apelación incidental contra un Auto que rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva del accionante, la autoridad demandada omitió la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, realizando una interpretación sistémica de los arts. 132 (que establece los plazos para resolver providencias, incidentes y sentencia) y 251 (citado supra) ambos del CPP, estableció que: “…reconstruyendo el art. 251 del citado Código, a la luz de las consideraciones efectuadas anteriormente, se tiene que una vez notificada la resolución emergente de una medida cautelar, las partes tienen un plazo de setenta y dos horas para promover su apelación incidental, periodo que debe ser computado desde el momento mismo de la notificación con la decisión; por otro lado, planteada la impugnación, la autoridad judicial, como garante de la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, en aras de una pronta administración de justicia y del principio de celeridad, debe dictar la providencia de remisión del recurso de apelación y los antecedentes, en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 132 inc. 1) del CPP; momento a partir del cual se computan, a su vez, las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del referido Código.

Por lo expuesto, es evidente que el cómputo de los plazos en la impugnación y la remisión de obrados ante el tribunal de alzada, no está librado a la libre voluntad y entendimiento arbitrario de quienes son llamados a impartir justicia, por cuanto dicho cómputo ya fue establecido por el legislador de manera clara y expresa, por lo que, únicamente deben ser observadas tales previsiones legales; consiguientemente, obrar de un modo diferente o contrario a las normas procesales glosadas precedentemente y al entendimiento anterior, tiene como consecuencia la vulneración del debido proceso, los derechos a la defensa y acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y, si la impugnación tiene por finalidad debatir la libertad del encausado, también se vulnera el derecho a la libertad del justiciable”. Así también la SCP 0691/2014 de 10 de abril, cuyos supuestos fácticos son similares.