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El art. 41 establece diversas formas en las que el Estado prevé la financiación para el ejercicio de la participación y el control social, sin embargo, a juicio de los magistrados suscribientes, la aplicación de esta disposición debería condicionarse a que la transferencia de dichos recursos no vulnere el principio de Independencia y Autonomía, definido por el art. 4.II.4 de la Ley de Participación y Control Social como “Capacidad para decidir y actuar con libertad y sin depender de un mando o autoridad. Las acciones de la Participación y Control Social no se subordinarán a ningún Órgano y/o autoridad del Estado, ni recibirá instrucciones o presiones de ningún poder fáctico, que vele por intereses particulares contrarios al interés general”.