SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0015/2015-S1

Agrega que, posteriormente a ello, se cometieron los siguientes actos ilegales:        a) Parcialización de la autoridad demandada, puesto que al encontrarse archivado el proceso de violencia intrafamiliar, una vez solicitado el desarchivo por su excónyuge, decretó el “DESARCHIVO CON NOTICIA DE PARTES” (sic), providencia que jamás se cumplió respecto a la notificación a su persona, ocasionándole indefensión; b) Sin haberse cumplido con las notificaciones previas, la madre de sus hijos, requirió la liquidación de asistencia familiar adeudada, pese a que no cursaba en el expediente la indicada diligencia; decretando el Juez demandado que se practique la planilla de asistencia familiar devengada; c) Se dictó el Auto de 3 de diciembre de 2013, mediante el cual se lo conminó a pagar la suma de              Bs15 480.- (quince mil cuatrocientos ochenta bolivianos); actuación procesal que no se le notificó debidamente a efecto que pudiera asumir real conocimiento de la liquidación y observarla; d) Una vez que su exesposa impetró la aprobación y orden de pago, así como la expedición de mandamiento de apremio, la autoridad demandada mediante Auto de 20 de enero de 2014, dispuso lo solicitado; e) La autoridad demandada procurando subsanar los vicios de nulidad, pretendió “hacer ver” que se le notificó con la liquidación de asistencia familiar y otras providencias ilegales, ordenando una nueva diligencia, conforme a los arts. 74 y 75 del Código Procesal Civil (CPC); la cual se efectuó en un domicilio que ya no era suyo; toda vez que, como la autoridad judicial conocía, se separó de su esposa mediante acuerdo conciliatorio suscrito dentro del proceso de violencia intrafamiliar, saliendo del hogar conyugal común; f) Las notificaciones debían realizarse en el domicilio que fijó en su posterior demanda de divorcio, el cual era de conocimiento tanto del Juez como la demandada; es decir, en la zona Villa Exaltación, calle Razón 2485 de El Alto, lo que fue obviado maliciosamente, disponiendo la autoridad judicial demandada actuaciones que no correspondían, dado que le compelía notificarlo según los      arts. 120 y 121 del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPC.1997); acciones realizadas con el único afán de detenerlo lo que demuestra de manera clara la intención de violar sus derechos constitucionales como la libertad, favoreciendo a la otra parte, al haber ordenado su aprehensión con habilitación de días y horas extraordinarias y facultades de allanamiento, sin indicar la dirección de su domicilio; y, g) A la fecha se encuentra recluido en el Recinto Penitenciario “San Pedro” de la ciudad de La Paz.