SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0935/2015-S1

De lo referido, no solo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes, que muestren a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución Política del Estado, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a una resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales”. (Las negrillas nos pertenecen).

Consiguientemente, conforme a la jurisprudencia anteriormente glosada, es posible, de manera excepcional, que la justicia constitucional verifique si en la labor interpretativa de legalidad ordinaria, los jueces o Tribunales ordinarios, hubieran quebrantado principios como el del debido proceso; siempre y cuando se haya dado cumplimiento a las exigencias o requisitos ya desarrollados.