SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0937/2015-S1

Gregoria Morales Quinteros, quien es su abuela, interpuso demanda ordinaria civil de rescisión de contratos de compraventa por lesión, dirigiendo la misma contra Nora Deysi Mendoza Morales y Nataniel Ponce Soriano, declarándose probada por Sentencia de 15 de mayo de 1998, pronunciada por el Juez Noveno de Partido Civil y Comercial del departamento de Cochabamba; razón por la que, los perdidosos interpusieron recurso de apelación que fue radicado ante la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito de Cochabamba −ahora Tribunal Departamental de Justicia−, instancia ante la que mediante memorial de 28 de julio del señalado año, hizo conocer la misteriosa desaparición de la demandante acompañando su testamento abierto en el que señala a los demandados en el proceso civil como responsables en caso de morir o ser asesinada; pronunciándose posterior Auto de Vista de 10 de septiembre de 2000, que anuló el Auto de Concesión de alzada y declaró ejecutoriada la Sentencia, nombrándosele curador ad litem de la desaparecida, mediante Auto Interlocutorio de 1 de octubre de 2001 y a solicitud suya se emitió decreto de 24 de noviembre del citado año, que dispuso la inscripción definitiva de la Sentencia ante el registro de Derechos Reales (DD.RR.) sobre los referidos inmuebles, aunque posteriormente fueron dejadas sin efecto por Auto Interlocutorio de 14 de enero de 2003.

En ejercicio de la facultad prevista por el art. 565.II del Código Civil (CC), los perdidosos eligieron conservar los bienes inmuebles y satisfacer el monto lesionado, obligación que vienen dilatando con la presentación de incidentes a fin de evadir la efectivización del precio real y el pago correspondiente, nombrándose perito de oficio el cual realizó el avalúo de los bienes inmuebles transferidos, mismo que fue puesto en conocimiento de las partes por decreto de 30 de marzo y 2 de abril de 2010.

Existiendo temeridad y malicia de los demandados en el proceso civil al pretender la curatela de Gregoria Morales Quinteros y solicitar la prescripción de la Sentencia, petición que inicialmente fue rechazada por Auto Interlocutorio de 29 de abril de 2014, bajo el fundamento de que la Sentencia es de carácter constitutivo; por lo que, no existe obligación alguna que pueda ser objeto de prescripción; decisión que fue apelada por su contraparte, emitiéndose el Auto de Vista de 6 de octubre del indicado año, por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que revocó el Auto Interlocutorio apelado declarando probada la prescripción bajo el fundamento de que la Sentencia es condenatoria al disponer la cancelación de las partidas de inscripción realizadas por los demandados en el procesado civil; siendo que, dicho acto no constituye obligación de hacer sino consecuencia lógica de la resolución, realizando así una interpretación y aplicación incoherente, ilegal y distorsionada de los preceptos legales y de las determinaciones judiciales que causan estado; conteniendo además el referido Auto de Vista una determinación incongruente y contradictoria con la parte resolutiva de la Sentencia que concluyó el proceso, en la medida de que la facultad de elegir previsto por el art. 565 del CC, no pude ser concebida como una obligación de la parte demandada y dicho “derecho” (sic) no puede ser confundido con una obligación, más cuando la prescripción se halla dirigida a obligaciones de carácter patrimonial y no al ejercicio de una facultad, y lo único que podría producirse en ejecución de sentencia es la caducidad de la opción de elegir que tuvieron los perdidosos.