SENTENCIA CONSTITUCIONAL PlurinacionaL 0990/2015-s2

II.1. Cursa el memorial del recurso de apelación de 23 de julio de 2014, interpuesto por Concepción Limbania Zeballos Salvatierra, ante el Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial del departamento de Santa Cruz, por el cual impugnó el Auto 320/2014 de 3 de julio, que resolvió el incidente planteado contra el mandamiento de desapoderamiento, expresando que: 1) Reclamó el deber de fundamentación, por la ausencia total de análisis y fundamentación en relación a los elementos, datos o razones que permitan concluir que su inmueble está comprendido dentro del que pertenecería a la demandante, puesto que los lotes identificados como A-1, A, C, D, F, y H1F difieren de los correspondientes: 2, 3, 4 y 8, de acuerdo con los certificados expedidos e inscritos en DD.RR., cuya fe probatoria está ratificada por los arts. 1289, 1297, 1309 y 1538 del Código Civil (CC), señalando que se trata de inmuebles distintos; 2) Que en base a los certificados alodiales, desvirtúa la existencia de la medida precautoria de no innovar o restricciones sobre tales predios, contrariamente a lo afirmado; 3) La posesión pacífica que ejercitó sobre el inmueble, está acreditada por diecinueve boletas de pago de impuestos que honró a lo largo de estos años, con lo cual agraviaron su derecho a la propiedad dispuesto por el art. 56 de la CPE; 4) Respecto a que adquirió el inmueble después de iniciado el proceso de autos, dentro del que se dictó sentencia el 10 de agosto de 1999; al no tratarse de los mismo bienes inmuebles, resulta ociosa tal verificación, pues demuestra la documentación e inscripción que data de 19 de julio de 1997 -dos años antes de la citada sentencia- sobre un derecho inscrito en 1948; 5) Pese a la prueba adjunta, las decisiones del a quo derivan en medidas de hecho arbitrarias, con abuso de poder; 6) Igualmente, se ampara en las declaraciones de la misma demandante, quien absolviendo la respuesta afirmó que la incidentista no forma parte del proceso; confirmando que jamás fue citada ni notificada y tampoco tendría que ser afectada por los resultados del proceso, de lo cual deriva vulneraciones a su propio derecho a la defensa, previsto por el     art. 115.II de la CPE; y, 7) Se acogió al Auto 795/2011 de 27 de septiembre, dictado por la misma autoridad, que en respuesta a un incidente planteado por otra opositora, dio curso a su petitorio, por considerar que cuenta con documentos de propiedad registrados en DD.RR., cuya tradición data de 1998, anterior al inicio de la demanda; sobre un bien transferido por el mismo Arnaldo Alfredo Amelunge Ibáñez, por lo que solicitó revocar totalmente el citado Auto (fs. 53 a 55 vta.).