SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1000/2015-S2

El Fiscal Departamental, a través de su representante, en audiencia manifestó:    i) La parte accionante contra la Resolución Fiscal de Sobreseimiento, planteó una impugnación incongruente, contradictoria y poco entendible. Por ello, con la facultad que le confieren los arts. 324 “numeral 2” del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) efectuó la valoración de los medios probatorios, y emitió su Resolución que no es incongruente ni tampoco carece de fundamentación, por el contrario compulsó las declaraciones testificales como la de la víctima, de las que se infieren la aceptación tácita de ésta a la competencia de la Juzgadora demandada, pues en su caso debió plantear la incompetencia de la misma y cual consta de los antecedentes procesales la accionante no reclamó a la Jueza demandada la no remisión de los antecedentes al Juzgado titular, además que la resolución de la excepción de falta de acción fue anulada y objeto de apelación resuelta por otro tribunal; y, ii) En la Resolución impugnada se describe que el tipo penal del prevaricato imputado que fue calificado provisionalmente en el caso de autos, no concurre. Asimismo, respecto a la Secretaria demandada, y la verificación del domicilio del garante, si bien no está previsto como una de sus funciones tampoco está prohibido por ley; por lo cual, la resolución que emitió se encuentra debidamente fundamentada y congruente porque señala que para incriminar o acusar ante el tribunal de sentencia, deben existir evidencias sustentables de los tipos penales imputados e investigados.