SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1036/2015-S2
Fecha: 19-Oct-2015
II.1.
II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de Lorena Ivón Litzner Ordóñez en representación de Hugo Ramiro Aranda Sarabia contra Nury Bernardette Meruvia Aranda y otros, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; posteriormente a la interposición de la excepción de prescripción en reiteradas oportunidades por parte de la hoy accionante, ésta formuló nuevamente la excepción citada el 12 de enero de 2012, solicitando el archivo de obrados, alegando que los delitos denunciados y procesados se encontraban a esa fecha prescritos de conformidad a lo previsto por el art. 29 inc. 1) del CPP, habiendo pasado sobreabundantemente el plazo a dicho efecto (fs. 412 a 415). Constando respuesta por la parte querellante de 27 de febrero del mismo año, aduciendo que la víctima asumió conocimiento del ilícito recién en abril de 2008; es decir, seis años después del uso de la documentación falsa por la parte denunciada, interponiendo la denuncia penal respectiva inmediatamente; aspectos que suspendían el término instituido para la prescripción, más aún si se advertía que la mencionada empezó a entorpecer la investigación y el proceso penal solicitando la suspensión de los actos y formulando múltiples e infundadas recusaciones con carácter únicamente dilatorio (fs. 418 a 420); contestando igualmente la representante del Ministerio Público, indicando que, en delitos permanentes el término de la prescripción comienza a correr a partir del momento en que cesan sus efectos; por lo que, a la fecha existiendo un proceso abierto, no habiendo terminado los efectos de afectación a la víctima, no correspondía declarar la prescripción invocada (fs. 422 y vta.).
- acción de amparo constitucional
- I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
- I.1.3. Petitorio
- I.3.3. Intervención de los terceros interesados
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- 1)
- II.8.
- II.9.
- Fragmento 16
- III.1. De la fundamentación de las resoluciones como elemento esencial del debido proceso
- Fragmento 18
- cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma
- 'La motivación del fallo constituye un deber administrativo del magistrado. La Ley se lo impone como una manera de fiscalizar su actividad intelectual frente al caso, a los efectos de poderse comprobar que su decisión es un acto reflexivo, emanado de un estudio de las circunstancias particulares, y no un acto discrecional de su voluntad autoritaria. Una sentencia sin motivación priva a las partes del más elemental de sus poderes de fiscalización sobre los procesos reflexivos del magistrado'
- una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integra de todos los puntos demandados por las partes
- Fragmento 22
- en caso de que el a quo y su personal no hubieran cumplido con esa obligación que deben realizarla de oficio, aún cuando no fuera reclamada por las partes, será el tribunal de alzada el que advirtiendo esa omisión, a fin de resolver la apelación conforme a derecho y en base a todas las pruebas presentadas y citadas por el inferior en la Resolución impugnada, en aras del respeto al debido proceso, está en la obligación de conminar al inferior para que remita en el día la documentación pertinente y las pruebas que respaldan su decisión e incluso de devolver obrados al juez o tribunal de sentencia que conoce la causa para que remita toda la documentación y pruebas necesarias a fin de garantizar un fallo de segunda instancia justo y de acuerdo a los datos del proceso
- Fragmento 24
- Resultaría incomprensible jurídicamente, el supuesto negado, de la primacía de las formas; pues, siendo el derecho procesal instrumento para la concretización del derecho sustantivo, y la nulidad procesal un pilar fundamental de la Teoría General del Proceso, claro es advertir que la formalidad persigue un fin: asegurar eficazmente el constitucional derecho de defensa a las partes, evitando que la excesiva libertad en el íter procesal pueda afectar el debido proceso y con ello alejarse la posibilidad de una solución justa. De no ser así, y habiéndose cumplido con la finalidad del acto procesal a pesar de la omisión o infracción de la formalidad, de ninguna manera el acto deberá ser declarado nulo; esto, de acuerdo también al principio de trascendencia
- la nulidad no se puede declarar por que sí, sino cuando, en efecto, se haya puesto en riesgo la defensa de la otra parte
- la nulidad procesal, precisamente, tiene lugar, cuando el acto impugnado vulnera gravemente la sustanciación regular del procedimiento, o cuando carece de algún requisito que le impide lograr la finalidad natural, normal, a que está destinado, sea en su aspecto formal, sea en cuanto a los sujetos o el objeto del acto.
- la nulidad del acto procesal por un vicio de forma no puede ser pronunciada, sin embargo, cuando el acto ha alcanzado la finalidad a que está destinado. Esta norma está dictada por una exigencia de economía procesal, esto es, de no desperdiciar una actividad desarrollada en el proceso cuando la misma sea idónea para alcanzar la finalidad a la que la actividad misma está dirigida
- el Juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente previsto por ley
- Fragmento 30
- III.4. Análisis del caso concreto
- REVOCAR en todo