SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1204/2015-S3

En ese contexto, esta Sala atendiendo al principio de objetividad tiene presente que la certificación expedida por las autoridades demandadas sobre la base de los registros y archivos con los que cuenta el ICU de la UAGRM, refiere de forma expresa que el accionante fue notificado con la Resolución “ICU No 024-14 de fecha 27 de febrero de 2014” el 1 de abril de 2014, lo que permite concluir que al haber sido presentada la acción de amparo el 8 de octubre del mismo año, transcurrido seis meses y siete días después de haber tomado conocimiento con la citada Resolución; se evidencia, que se encuentra fuera del plazo máximo de seis meses previsto por el art. 129.II de la CPE, en relación al art. 55.I del CPCo, por cuanto se advierte la existencia de la mencionada diligencia, así como una constancia de notificación al accionante, que está respaldada con una certificación que señala la notificación el 1 de abril de ese mismo año, documento que reúne las condiciones de veracidad al ser emitido por una autoridad pública que da fe del citado acto, lo que impide a esta Sala ingresar al análisis de fondo de la pretensión constitucional, por cuanto operó la inmediatez negativa de la acción de amparo constitucional.

Respecto a la denuncia formulada por el accionante, en el entendido de que se habría incurrido en la comisión de hechos delictivos al haberse falsificado su firma, la misma debe ser atendida en la vía ordinaria para la realización de estudios especializados que analicen la veracidad de la referida denuncia; en cuyo mérito, el accionante tiene la vía expedita a efectos de hacer valer tal alegación, no pudiendo este Tribunal determinar la autenticidad o falsedad de la firma estampada en el Libro de Notificaciones y Entregas, que muestra la comunicación procesal al accionante con la Resolución ICU No 024-14 de fecha 27 de febrero de 2014, ahora cuestionada como vulneradora de derechos y garantías constitucionales.