SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0071/2015-S1

Ingresando al análisis de la problemática planteada, se tiene que el representante del accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva, propiedad, acceso a la justicia, “seguridad jurídica”, defensa y trabajo, por cuanto Félix Tito Gonzáles se sometió a procedimiento abreviado en el que fue condenado como autor de la comisión del delito de almacenaje, comercialización y compra ilegal de diésel oíl, gasolina y gas licuado de petróleo, y como consecuencia de ello se confiscó a favor de YPFB, el vehículo con placa de control NUA 9005, que no es de propiedad del sentenciado sino de la parte accionante, por tal razón, presentó ante el Juez Primero de Instrucción en lo Penal, incidente de devolución del vehículo, que fue rechazado por Auto Interlocutorio 21/2014, contra el que interpuso apelación incidental, que por Auto de 2 de abril de 2014, fue confirmado; añade que su petitorio fue rechazado con el argumento que debió ser formulado antes de emitirse la Sentencia 33/2013, señala que no le procesaron en aquel juicio, por tanto, no podría ser objeto de sanciones procesales como la preclusión de sus derechos; además, que el Auto de 2 de abril de 2014, no se encuentra debidamente fundamentado.

De la lectura y revisión de la documental aparejada al expediente, se evidencia que el Juez Primero de Instrucción Penal del departamento de Pando, emitió la Sentencia 33/2013, conforme se tiene relatado en la Conclusión II.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, dentro del proceso seguido contra Félix Tito Gonzáles por el delito de almacenaje, comercialización y compra ilegal de diésel oíl, gasolina y gas licuado de petróleo, sentenciándolo por ser autor de dichos delitos, a una pena privativa de libertad de tres años de reclusión a ser cumplida en la Penitenciaría Modelo de “Villa Busch”, y en relación a los incidentes de confiscación definitiva del vehículo con placa de control NUA 9004, solicitado por el representante del Ministerio Público, ordenó su confiscación definitiva.