SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0161/2015-S1

              La garantía de la acción de amparo constitucional, es un proceso sumarísimo de la jurisdicción constitucional, consagrada en el art. 128 de la CPE, como una acción de defensa contra actos u omisiones ilegales indebidos tanto de servidores públicos como de personas particulares, sean individuales o colectivas, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos reconocidos por la Norma Suprema y la ley; asimismo, el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo), prevé que esta acción tutelar: “…tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.

              Por su naturaleza, esta acción al ser una garantía constitucional, no es parte de la normativa infraconstitucional; por lo cual, no puede ser aplicada como un recurso o impugnación de orden procesal ordinario de protección de derechos; se caracteriza por ser subsidiaria, activándose únicamente, agotados los mecanismos inmediatos de protección de derechos a cargo de las jurisdicciones ordinaria, indígena originaria campesina y agroambiental; y, en caso de que las mismas resultaran ser ineficaces e inoportunas.

              Es pertinente referirse a la doctrina respecto a la jurisdicción constitucional; en ese sentido, el derecho procesal constitucional fue estudiado por diferentes autores, como por ejemplo, Héctor Fix Zamudio, quien lo sistematizó como una disciplina jurídica, a través de su tesis de licenciatura en 1955, denominada: "La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana, ensayo de una estructuración procesal del amparo"; ahora conocida como justicia constitucional; al respecto, en  Bolivia el Tribunal Constitucional Plurinacional a la cabeza de sus Magistrados, tiene la finalidad de velar por la supremacía de la Ley Fundamental, haciendo cumplir la vigencia de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales.