SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0167/2015-S1

            A través de la presente acción de defensa, el accionante alega que sus derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso en su elemento fundamentación, a la igualdad y el principio de presunción de inocencia, fueron vulnerados por las autoridades demandadas del Consejo de la Magistratura, al sostener que en su contra se siguió un proceso disciplinario, por la supuesta comisión de la contravención administrativa, disciplinaria, prevista por los arts. 65, 73 incs. c) y k); y, 76 incs. a) y m) del Reglamento de Administración y Control de Personal del Poder Judicial, y en el que se dictó la Resolución Disciplinaria 35/2012 de 7 de agosto, que dispuso su destitución al cargo del Notario de Fe Pública de Segunda Clase 1 de Sacaba del departamento de Cochabamba, determinación administrativa que fue confirmada en apelación por la Resolución 326/2013 de 28 de agosto. Es así, que en forma paralela, al existir en su contra una acusación fiscal, el Pleno del Consejo de la Magistratura, determinó la suspensión de su cargo, por Resolución 86/2012 de 3 de agosto, carente de la debida motivación al sustentarla en el art. 52 de la LCJ, la SC “702/2005-R” de 22 de junio del Tribunal Constitucional y la Disposición Transitoria Séptima de la LOJ, y sin tener presente, que esa medida solo procede cuando existe sentencia condenatoria ejecutoriada.

            Como se verifica de la problemática planteada, el accionante impugna dos  Resoluciones la 326/2013 de 28 de agosto, que confirmó en apelación su destitución, dispuesta dentro del proceso administrativo disciplinario y la 86/2012 de 3 de agosto, que determinó la suspensión de sus funciones como efecto de la acusación fiscal formulada, en el proceso penal seguido en su contra; por lo cual, a objeto de determinar si efectivamente se lesionaron los derechos fundamentales que invoca en la acción tutelar interpuesta, es menester el análisis de cada una de ellas.