SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0702/2015-S1

Sucre, 3 de julio de 2015

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA

Magistrado Relator: Tata Efren Choque Capuma

Acción de amparo constitucional

Expediente: 09875-2015-20-AAC

Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 097/2014 de 8 de diciembre, cursante de fs. 136 a 139, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Pedro Alejandro Quispe Limachi contra Luis Antonio Revilla Herrero, Alcalde Municipal y Francisco Cordero Ochoa, Sub Alcalde del Macro Distrito I-Cotahuma, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 7 de noviembre de 2014, cursante de fs. 36 a 44 y complementación de fs. 43 a 52, el accionante expuso lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 7 de febrero de 2014 a horas 16:30, le comunicaron que una funcionaria del Municipio de La Paz, le notificó en su domicilio con la Resolución 085/2014 de 21 de ese mismo mes y año, que dispuso la demolición de su propiedad, sorprendiéndolo porque en ningún momento le hicieron conocer sobre el inicio de un proceso administrativo en su contra, menos ser notificado con un auto inicial. Al interponer el recurso de revocatoria, denunció la deslealtad en varios puntos de la referida Resolución, cuando indicaron que fue notificado legalmente el 13 de septiembre de 2013, con el Auto inicial 198/2013 de 6 del mismo mes y año, lo cual no es cierto, inclusive se dice que, en el plazo probatorio su persona habría presentado sólo fotocopia de su cédula de identidad, afirmación que no se adecua a la verdad, porque utilizaron ese documento de otro trámite. Resaltó que, la notificación efectuada, señaló como domicilio una calle sin nombre ni número de la zona 14 de septiembre, siendo lo correcto “zona Inmaculada Concepción” (sic). Al interponer su reclamo, adjuntó prueba en fotocopia simple, porque los originales se encontraban en poder de un tercero; sin embargo, la misma no fue tomada en cuenta; en suma, a pesar de sus reclamos, la Resolución 141/2014 de 27 de marzo, que resolvió el recurso, convalidó esos actos ilegales. Finalmente señaló que, las Resoluciones 085/2014 y 141/2014, pretendían establecer que su propiedad le correspondería al Municipio de La Paz, siendo que dicho extremo debe ser resuelto judicialmente y no por medio de un proceso administrativo; por todo ello, considera que ambas Resoluciones carecen de la debida motivación, fundamentación y son incongruentes, lesionando sus derechos.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denunció como lesionados sus derechos a la propiedad privada, al debido proceso, a la defensa, igualdad de las partes, citando al efecto los arts. 56, 115.I, 117.I.II, 119 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 7, 10 y 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y, 8.1, 17.1 y 21.1 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) La anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, la notificación con el Auto inicial del proceso técnico administrativo inclusive, de acuerdo al inc. c) del art. 55 de la Ordenanza Municipal (OM) 76/2004 de 17 de mayo; y, b) Se deje sin efecto las Resoluciones 85/2014 de 21 de febrero y 141/2014 de 27 de marzo.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 8 de diciembre de 2014, según se tiene del acta cursante de fs. 131 a 135, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción, agregando que el bien inmueble en cuestión tiene documentación que ha sido inscrita en Derechos Reales (DD.RR.), inclusive el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, recibió el pago sobre el impuesto a la transferencia, prueba que no se tomó en cuenta al encontrarse en el cuaderno procesal. Habiendo interpuesto el recurso jerárquico, el Alcalde Municipal tenía el plazo de quince días para resolver el mismo, al no haberse pronunciado positiva ni negativamente, operó el silencio administrativo, quedando habilitada la vía constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Mediante memorial de 8 de diciembre de 2014, Gustavo Alberto Flores Azurduy, en representación de Luis Antonio Revilla Herrero, Alcalde Municipal y Francisco Cordero Ochoa, Sub Alcalde del Macro Distrito I-Cotahuma, ambos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, manifestó que: 1) La Unidad de Fiscalización Predial de la Sub Alcaldía del Distrito Urbano I-Cotahuma, en mérito al Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo aprobado por la OM 76/2004, promulgada el 17 de mayo, inició un proceso de fiscalización al inmueble ubicado en la calle sin nombre ni número de la zona “14 de septiembre” (Sopocachi bajo), verificándose una construcción en área municipal sin autorización en una superficie de 210 m²; 2) El 13 de septiembre de 2013, se notificó con el Auto inicial del procedimiento administrativo 198/2013 (de trámite urgente) a Pedro Alejandro Quispe Limachi, abriéndose con ello el periodo de prueba; el 24 de octubre de ese mismo año, se dictó la Resolución Administrativa Macrodistrital SACO 085/2014, ordenando la demolición del referido bien inmueble; y, 3) Habiendo interpuesto el recurso de revocatoria, aduciendo que no habría sido notificado con el auto inicial del proceso administrativo, por Resolución SACO 141/2014 de 27 de marzo, se confirmó la resolución impugnada; posteriormente, el 17 de abril de ese mismo año interpuso el recurso jerárquico, en virtud del cual se emitió el Auto de 23 de abril de igual año, que dispuso la remisión de obrados a conocimiento y consideración de la autoridad superior del Municipio, encontrándose pendiente la emisión del auto de radicatoria como prevé el art. 54 del Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo; por consiguiente, el referido recurso se encuentra pendiente de resolución.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 097/2014 de 8 de diciembre, cursante de fs. 136 a 139, denegó la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: i) Dentro el proceso administrativo seguido por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz contra el ahora accionante; Francisco Cordero Ochoa, Sub Alcalde de Cotahuma, dictó la Resolución Administrativa Macrodistrital SACO 85/2014, por la cual dispuso la demolición de 210 m² de construcción efectuada en propiedad municipal; ante esa circunstancia, planteó el recurso de revocatoria, mereciendo la Resolución SACO 141/2014 de 27 de marzo, que confirmó la Resolución impugnada. Habiendo planteado el recurso jerárquico en base a la OM 76/2004, que aprueba el Reglamento Técnico Administrativo en actual vigencia, los arts. 53 y 54 de la referida norma, señalan el procedimiento del recurso como el plazo para emitir la resolución respectiva; ii) El art. 53 del mencionado Reglamento, establece que el recurso jerárquico debe ser interpuesto por el administrador dentro el plazo de cinco días hábiles siguientes a su legal notificación, siendo remitido ante el ejecutivo municipal en el término de tres días de haberse activado el mismo; además, el art. 54 de la misma norma, señala que, a partir de la emisión del auto de radicatoria, el cual será notificado al secretario general del ejecutivo municipal, el Alcalde tendrá el plazo de quince días para resolver el recurso, si vencido el plazo previsto no se dictare resolución, el recuso se tendrá por denegado, pudiendo el recurrente acudir a la vía judicial; y, iii) El Alcalde Municipal de La Paz, tiene quince días para dictar resolución, el cual no fue abierto, porque no se ha emitido el auto de radicatoria, que da inicio a la competencia de la máxima autoridad ejecutiva (MAE); por lo que, el accionante no agotó la vía administrativa, inobservando el principio de subsidiariedad.

II. CONCLUSIONES

Realizada la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente:

II.1. El 6 de septiembre de 2013, Francisco Cordero Ochoa, Sub Alcalde del Macro Distrito I-Cotahuma del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, dictó el Auto inicial de procedimiento técnico administrativo contra Pedro Alejando Quispe Limachi y otro, por el cual da cuenta que la Unidad de Fiscalización Predial, dependiente de la Sub Alcaldía de Cotahuma, realizó el 30 de agosto de 2013, una inspección al predio ubicado en la calle sin nombre ni número de la zona “14 de septiembre” (bajo sopocachi) evidenciando la construcción realizada en área de propiedad municipal, infringiendo la Ordenanza Municipal (OM) “76/2004” (sic); además, conminó al ahora accionante presentar su descargo, abriéndose con ello un término de prueba de diez días hábiles a partir de su legal notificación (fs. 11)

II.2. El 21 de febrero de 2014, Francisco Cordero Ochoa, Sub Alcalde del Macro Distrito I-Cotahuma del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, dictó la Resolución Administrativa Macrodistrital SACO 085/2014, por la cual dispuso la demolición de 210 m² de construcción perteneciente a Pedro Alejandro Quispe Limachi, en razón a que dicha edificación estaría dentro el área municipal (área de relleno sanitario) (fs. 12 a 13).

II.3. El 27 de marzo de 2014, Francisco Cordero Ochoa, Sub Alcalde del Macro Distrito I-Cotahuma del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, emitió la Resolución Administrativa SACO 141/2014, por la cual confirmó la Resolución Administrativa Macrodistrital SACO 085/2014 (fs. 19 a 21).

II.4. El 17 de abril de ese mismo año, Pedro Alejandro Quispe Limachi, mediante memorial, interpuso el recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa SACO 141/2014; sin embargo, se advierte que hasta antes de la interposición de la acción de amparo constitucional la MAE del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no emitió pronunciamiento alguno, dejando transcurrir más de siete meses (fs. 22 a 28).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia como vulnerados sus derechos a la propiedad privada, al debido proceso, a la igualdad de las partes y a la defensa, por cuanto el Sub Alcalde del Macro Distrito I-Cotahuma del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, le inició un proceso administrativo sin haber sido notificado legalmente, por el cual pretenden demoler su bien inmueble, por estar construido supuestamente en área de propiedad municipal; habiendo interpuesto el recurso de revocatoria contra el Auto inicial de 6 de septiembre de 2014, denunciando los actos que considera ilegales, sin embargo, los mismos fueron convalidados por la Resolución Administrativa Macrodistrital SACO 085/2014 y Resolución Administrativa SACO 141/2014. Activado el recurso jerárquico, la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz no se pronunció, a pesar de haber transcurrido más de seis meses de interpuesto el recurso; por lo que, ante el silencio administrativo considera haber agotado la vía administrativa.

Por consiguiente, corresponde analizar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela.

III.1. Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano

En primer lugar cabe mencionar que la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, señala el horizonte en el que habrá de erigirse el nuevo Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, fundado en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. En ese contexto está dicho que la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional debe superar con creces la estructura colonial y debe, a base del esfuerzo individual y colectivo, en cada estructura organizacional y en todos los órganos e instituciones del poder público, concretar un estado como el proclamado, principalmente en el Órgano Judicial que a través de sus jurisdicciones y en la función judicial ejercida por sus autoridades en las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en la que los valores que sustenta el Estado como unidad, igualdad inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien, que señala el art. 8.II de la CPE.

Resulta necesario señalar que la Constitución Política del Estado, por otra parte, refiriéndose a la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional, augura superar con creces la estructura colonial estableciendo que, de acuerdo con lo previsto en el art. 8.I de la CPE, los principios ético morales de la sociedad plural que el Estado asume y promueve son: suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa) tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble), así como ama quilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón), estos últimos, mandatos de restricción que pudiendo ser de orden imperativo para cada individuo, en cada hogar de las bolivianas y bolivianos, es también esencia de un pensamiento colectivo enraizado en las naciones y pueblos que, sin embargo, de manera permanente se confronta con ciertos males como la corrupción que lastiman nuestras instituciones y sociedad, razón por la que el Estado encuentra como un elemento transformador de la sociedad la lucha contra la corrupción. Una inequívoca señal de esta voluntad está en la previsión del art. 123 de la CPE que instituye el principio de irretroactividad de la ley excepto en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución.

Se ha dicho y reiterado en la jurisprudencia constitucional que conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la CPE, la justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese mismo orden, respeto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria están, también entre otros, la verdad material y el debido proceso.

En torno a la administración de justicia, o dicho desde una perspectiva actual e inclusiva, respecto a impartir justicia no puede soslayarse el hecho que ésta sustenta las decisiones en el análisis e interpretación, no sólo limita a la aplicación de formas y ritualismos establecidos en la norma sino como el hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible que esté a lado del Estado y la población, con miras al vivir bien y rebatiendo los males que afecta a la sociedad como lo es la corrupción.

III.2. De la acción de amparo en la Constitución Política del Estado

Antes de entrar a la consideración sobre la resolución y antecedentes de la presente acción tutelar elevada en revisión, es pertinente, referirse a algunos aspectos inherentes a dicha acción de amparo constitucional instituida en la Constitución Política del Estado, con relación, a la naturaleza de la institución jurídica constitucional y el entendimiento de la jurisprudencia constitucional, remarcando, tal como prevé la Constitución, el enunciado normativo sobre las formas de resolución en las acciones de amparo constitucional.

La Constitución Política del Estado, en la Sección segunda, del Capítulo segundo (Acciones de Defensa) del Título cuatro (Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa) de la Primera Parte (Bases fundamentales del Estado – derechos, deberes y garantías) ha instituido la acción de amparo constitucional. En ese marco, el art. 128 establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. A su vez el art. 129.I del Texto Constitucional referido, resalta que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.

III.3. La acción de amparo en el Código Procesal Constitucional

El Código Procesal Constitucional (La Ley 254 de 5 de julio de 2012), tiene por objeto regular los procesos constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, así como las acciones de defensa ante juezas, jueces y tribunales competentes. La referida Ley, en su Disposición Final Tercera establece que a partir de la entrada en vigencia del mismo, quedará derogada la parte segunda de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) Ley 027 de 6 de julio de 2010, relativa a los procedimientos constitucionales, vigencia establecida en su Disposición Transitoria Primera a partir del 6 de agosto de 2012.

El Código Procesal Constitucional, en su Título II (Acciones de Defensa), Capítulo Segundo (De la acción de amparo constitucional), en su art. 51 establece como objeto de esta acción tutelar el “…garantizar, los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir”.

En consecuencia, la acción de amparo constitucional es un mecanismo constitucional por el que la Norma Suprema del ordenamiento jurídico establece un procedimiento de protección, cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida.

III.4. De la finalidad de la notificación

La SCP 0238/2015-S1 de 26 de febrero, señaló que: “…el debido proceso importa presupuestos mínimos que deben regir todo proceso judicial, administrativo o corporativo, prescritas en las leyes preexistentes con la finalidad de materializar la justicia en igualdad de condiciones. Al efecto, en lo que concierne a notificaciones que constituyen actos de comunicación dentro del proceso, es preciso señalar la jurisprudencia constitucional expresada en la SC 1079/2010-R de 27 de agosto, ratificada por la SC 1701/2011-R de 21 de octubre, que estableció: ‘…la notificación es el acto por el cual se pone en conocimiento de las partes o de los terceros una resolución y/o providencia judicial, para que dándose por enterada de ellas, sepa el estado del litigio y pueda utilizar los recursos que contra las mismas sean legales.

Entre las diversas clases de notificación tenemos a la notificación personal y la notificación cedularía, las cuales para que surtan sus efectos y que dicho conocimiento se produzca en forma válida, real y efectiva, es necesario que cumplan con su finalidad, que es dar a conocer a las partes o interesados de las resoluciones o providencias dictadas en los procesos, para que los litigantes queden en situación de poder ejercitar de manera oportuna y eficazmente sus derechos en la causa, ya que solo mediante la notificación, la actuación respectiva de la parte llega a ser existente para la otra parte o la cual se notifica; y en segundo lugar el acto debe cumplir con los requisitos y formalidades establecidas para cada forma de notificación, materializando así, el derecho de las partes a tomar conocimiento de dicho acto, para impugnarlo o asumir la reacción que más convenga a sus derechos e intereses, cuya inobservancia provocaría indefensión en la parte si no se asegura que ésta tenga conocimiento efectivo del acto procesal, y por ende implicaría una vulneración al debido proceso, en su componente del derecho a la defensa. No obstante, si pese a la inobservancia de las formalidades legales la notificación surte sus efectos, ésta se tiene por válida”’ (las negrillas son nuestras).

III.5. Análisis del caso concreto

En la fundamentación jurídica de la acción de amparo constitucional, el accionante denuncia que el Sub Alcalde del Macro Distrito I-Cotahuma del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, inició un proceso administrativo en su contra, sin haber sido notificado legalmente con el Auto inicial de procedimiento técnico administrativo 198/2013, por el cual se señala que la construcción realizada se encuentra en área de propiedad municipal; habiendo interpuesto el recurso de revocatoria contra dicho Auto, denunciando los actos arbitrarios que se habrían cometido en la tramitación del referido proceso; sin embargo, contrariamente por Resolución Administrativa Macrodistrital SACO 085/2014, ordenó que en el plazo de diez días debía demoler su construcción (considerada de irregular), bajo alternativa de que dicha orden podría ser ejecutada por la Dirección de Mantenimiento del Municipio, con los gastos a su cargo; ante esa circunstancia, impugnó dicha determinación mereciendo la Resolución Administrativa SACO 141/2014, que confirmó la Resolución cuestionada. Finalmente, interpuso el recurso jerárquico, solicitando la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la notificación con el Auto inicial de acuerdo con lo establecido en la OM 76/2004; sin embargo, la MAE del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, no se pronunció, a pesar de haber transcurrido más de seis meses de interpuesto el recurso.

De la revisión de los antecedentes del proceso, se puede establecer que el accionante según la escritura pública 574/2014 de 24 de abril de 2014, acredita ser propietario del bien inmueble ubicado en la zona Sopocachi, en el lugar denominado “Chacarilla” de la ciudad Nuestra Señora de La Paz, con una superficie de 1000 m², registrado en la oficina de DD.RR. bajo el Folio 2010990176252, adquirido de su anterior propietario Hugo Basilio Huanca Choque, conforme se desprende de la Conclusion II.1, inclusive se tiene el pago de impuestos al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, efectuado por este último.

En ese contexto, dentro el proceso administrativo seguido por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz contra el accionante, se emitió el Auto inicial 198/2013, dicha Resolución, señaló que: después de una inspección al predio ubicado en la calle sin nombre, sin número, de la Zona 14 de septiembre-Bajo Sopocachi, se evidenció una construcción de 210 m² de dos plantas, realizada en área de propiedad municipal, infringiendo la OM 76/2004 de 29 de abril, razón por la cual instruyó que el administrado presente sus descargos, para lo cual abrió término de prueba de diez días, computables a partir de su notificación legal; al respecto, la parte demandada sostiene que Pedro Alejando Quispe Limachi, fue notificado el 13 de septiembre de 2014, con el Auto señalado, en el inmueble ubicado en la calle sin nombre, sin número de la Zona “14 de septiembre”, además al haber interpuesto el recurso de revocatoria la notificación habría cumplido su finalidad; sin embargo, de la revisión de obrados se extraña la notificación con dicho actuado al accionante, por cuanto si bien el servidor público de Fiscalización Predial de la Sub Alcaldía de Cotahuma del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, efectuó la diligencia de notificación en ausencia del administrado, no consignó la intervención de un testigo de actuación debidamente identificado como señala el art. 26.III del mismo Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo aprobado por la OM 76/2004, al que se sujeta dicho proceso administrativo. En ese sentido, el accionante al haber denunciado ese acto, inclusive planteando el recurso de revocatoria, la autoridad demandada mediante la Resolución Administrativa SACO 141/2014, confirmó la Resolución Administrativa Macrodistrital SACO 085/2014, ordenando que el accionante proceda a la demolición de la construcción que supuestamente se encontraría dentro la propiedad municipal, coartándole su derecho a la defensa, dado que el Auto inicial del proceso administrativo abrió un término de prueba de diez días, sin que el accionante haya sido formalmente notificado con dicho actuado, plazo en el que podría haber tenido la oportunidad de presentar sus descargos respetivos; al respecto, la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional, señaló que el acto de la notificación: “… debe cumplir con los requisitos y formalidades establecidas para cada forma de notificación (…) cuya inobservancia provocaría indefensión en la parte si no se asegura que ésta tenga conocimiento efectivo del acto procesal, y por ende implicaría una vulneración al debido proceso, en su componente del derecho a la defensa”. De donde se concluye, que si bien se efectuó la diligencia de notificación con el Auto 198/2013, no se observa el cumplimiento de las formalidades que exige el mismo Reglamento de Procedimiento Técnico Administrativo, por lo que dicho actuado no cumplió con su finalidad, vulnerándose con ello el derecho a la defensa.

Asimismo, habiendo interpuesto el recurso jerárquico el 17 de abril de 2014, contra la Resolución Administrativa SACO 141/2014, reiterando una serie de irregularidades identificadas en el proceso administrativo; sin embargo, la autoridad demandada hasta antes de la presentación de este medio de defensa, no emitió pronunciamiento alguno, dejando transcurrir más de siete meses, sin observar el art. 54 del referido Reglamento que establece un plazo de quince días hábiles para resolver el recurso jerárquico; si bien dicha norma condicionó la apertura del plazo a un auto de radicatoria, debe observarse que el art. 53 del mismo Reglamento señala que: “El recurso y el expediente deberán ser elevados al Alcalde Municipal de La Paz en el plazo de tres días hábiles de haberse interpuesto”; de donde se concluye que, la autoridad demandada inobservó los plazos establecidos en dicha norma al no emitir pronunciamiento alguno respecto del recurso planteado, generó incertidumbre en el accionante, transgrediendo el principio de “eficacia” que rige la actividad administrativa, regido en el inc. j) del art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), que señala: “Todo procedimiento administrativo debe lograr su finalidad, evitando dilaciones indebidas”; por lo que los actos administrativos deben ser pronunciados dentro los plazos procedimentales, aspecto que garantiza una tutela administrativa efectiva y brinda seguridad y certeza jurídica al administrado, lo que no ocurrió en el caso de autos, por cuanto la autoridad demandada no escuchó los reclamos efectuados por el administrado, ignorando el debido proceso, entendido “…como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que entre otros aspectos, se garantice al justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar eficazmente su defensa, el derecho a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia, en suma, se le dé la posibilidad de defenderse adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado del Estado, donde se encuentren en riesgo sus derechos, por cuanto esta garantía no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también administrativo” (SC 0096/2010-R de 4 de mayo).

Consiguientemente, se advierte que el proceso administrativo seguido contra el accionante, fue sustanciado con una serie de irregularidades que contradicen el derecho al debido proceso, dado que éste a pesar de insistir en su denuncia respecto a la irregular notificación con el auto inicial del proceso, inclusive activando los recursos que le franquea la norma administrativa, la autoridad demandada persistió en su propósito de hacer prevalecer la orden de demolición que fue emitida en contra de su propiedad, generando indefensión y lesionando el derecho a la defensa, razón por la cual corresponde anular obrados hasta el actuado que dio inicio al proceso administrativo contra el ahora accionante.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela invocada, no obro correctamente, correspondiendo aplicar el art. 44.2 del CPCo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: REVOCAR la Resolución 097/2014 de 8 de diciembre, cursante de fs. 136 a 139, pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:

1° CONCEDER la tutela solicitada, ANULANDO obrados hasta el Auto Inicial de Procedimiento Técnico Administrativo 198/2013 de 6 de septiembre inclusive, a objeto de que se notifique debidamente a Pedro Alejandro Quispe Limachi, a efectos de que conozca y asuma la defensa respectiva dentro del proceso administrativo.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Tata Efren Choque Capuma

MAGISTRADO

Fdo. Dr. Macario Lahor Cortez Chavez

MAGISTRADO