SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0819/2015-S2

En el entendido de que el derecho al debido proceso, comprende entre sus elementos configuradores, la debida motivación y congruencia de las resoluciones; lo cual significa que la autoridad que pronuncie una resolución, está compelida a exponer los hechos, realizar la fundamentación legal, citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma y responder a todos y cada uno de los puntos planteados; toda vez que, cuando un juez o tribunal omite estos requisitos, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también, toma una decisión de hecho no de derecho, infringiendo de manera evidente el debido proceso en los elementos señalados, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para pronunciarse en uno u otro sentido y comprender íntegramente su contenido.

Así se tiene establecido a través de amplía jurisprudencia constitucional generada al respecto, como la SCP 0399/2015-S2 de 20 de abril, entre otras, la que a su vez citó a la                 SC 1365/2005-R de 31 de octubre, referida al tema que nos ocupa, señalando que: "…es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió”.

Por su parte y en lo relativo a la congruencia, se tiene lo expresado por la SC 0486/2010-R de 5 de julio, que señala:“…principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes”.