SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1386/2016-S3
Fecha: 02-Dic-2016
II.1.
II.1. Cursa Testimonio de 3 de junio de 1974, en el que consta que se instituyó como heredera forzosa ab intestato a “Rosaura” Arce Condori -madre del ahora accionante- de todos los bienes, derechos y acciones de sus padres, Manuel Arce Pérez y Asunta Condori de Arce (fs. 1 a 2 vta.), cursando asimismo, el certificado de bautismo de la prenombrada expedido el 4 de agosto de 1937, que indicó que sus progenitores eran comunarios del “Ayllu Ucumasi” (fs. 3), lo que también figura en los Certificados de defunción de 11 y 12 de diciembre 1969 (fs. 4 y 6), además figura la Resolución Administrativa (RA) de 9 de mayo de 2003, emitida por la Dirección Departamental de Identificación Personal (DDIP) sobre la solicitud de corrección de datos, la cual determinó corregir el nombre de aquella a Rosa Arce Condori (fs. 8).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- a)
- I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
- 1)
- i)
- concedió
- II.1.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.8.
- II.9.
- II.10.
- II.11.
- II.12.
- II.13.
- II.14.
- II.15.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- ha tomado la convicción de repensar el segundo presupuesto requerido por la jurisprudencia constitucional -tratándose de medidas de hecho- referido a la inscripción del derecho propietario en la oficina de Derechos Reales
- la jurisdicción indígena originaria campesina, al igual que las demás jurisdicciones, se encuentra limitada por el respeto de los siguientes derechos a la vida, a la defensa y demás derechos y garantías establecidas por la Norma Fundamental (art. 190.II de la CPE), debiendo añadirse, además, a los derechos contenidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad.
- bien la jurisdicción indígena originaria goza de reconocimiento en la Ley Fundamental, por el reconocimiento plural del Estado Boliviano; el principio de unidad de la función judicial, implica que todas las jurisdicciones deban cumplir y respetar los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas, en el marco de la obediencia máxima a la Constitución Política del Estado, límites que le son impuestos pese a su reconocimiento, tomando en cuenta la máxima eficacia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas, así como la materialización de los principios, valores y fines que fundamentan la Norma Suprema en defensa del carácter supremo que le atinge
- Fragmento 25
- III.3.
- a la posesión que el ahora accionante junto a su familia tenían sobre las parcelas
- CONFIRMAR