SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0247/2016-S1

El centro del paradigma del Estado Constitucional de Derecho Plurinacional, es ocupado por los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado, cuyo sustento se encuentra en la realidad social del país caracterizada por su pluralidad de tipo político, económico, jurídico y lingüístico; configurando la forma de convivencia en la diversidad cultural. En esta línea, el Estado Plurinacional Comunitario, asume y promueve, los principios ético-morales de ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).

Los valores de orden constitucional que fundamentan la estructura, organización del país y ejercicio de derechos están compuestos por la unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien; con el horizonte de constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización sin discriminación de ninguna naturaleza ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales.

Los principios ético-morales y valores de la sociedad plural nombrados que fueron constitucionalizados, se constituyen en el sustento concreto de los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado. Bajo esta perspectiva, se comprende los derechos fundamentales, a aquellos conquistados por el pueblo ante las injusticias sociales como consecuencia de la imposición de políticas de sometimiento colonial y republicano. En esta línea, de conformidad al art. 13.I de la CPE, los derechos constitucionales, básicamente, cumplen la función de proteger el ejercicio de derechos en favor de las personas y los pueblos, contra los actos de las autoridades que cumplen funciones del poder público, así como de los particulares.

Desde el criterio formal, el contenido de la estructura de los derechos fundamentales, está conformado por aquellos que provienen de la cultura jurídica continental y de los mandatos del constituyente latinoamericano. En el primer grupo, están los derechos civiles y políticos, los sociales y económicos y los derechos culturales. El segundo grupo está compuesto por los de carácter colectivo que protegen a las naciones y pueblos indígena originario campesinos (NPIOC).

Lo que interesa al presente caso son los derechos sociales, en general, y el de los trabajadores o laborales, en particular. De conformidad a los arts. 33 y ss. de la Norma Suprema, las personas tienen el derecho a un medio ambiente, a la salud y a la seguridad social, al trabajo y al empleo, a la propiedad, a la niñez, adolescencia y juventud, de las familias, de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad y los derechos de las usuarias y los usuarios y de las consumidoras y consumidores.

En ese sentido, de acuerdo al art. 9.5 a la Norma Suprema, el Estado Plurinacional, asume como una de sus funciones el de garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y el trabajo, que permita vivir con dignidad, en el marco del principio de la igualdad. En materia laboral, según el art. 46 de la CPE, todas las personas tienen el derecho al trabajo digno, con una remuneración o salario justo y otros beneficios sociales legítimos, como consecuencia de una relación laboral establecida jurídicamente. El art. 48 de la CPE, establece que: