SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0396/2016-S2

El derecho a la tutela judicial efectiva, se constituye en la facultad de toda persona de acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes.

Bajo este entendimiento, la tutela judicial efectiva se instituye como el pilar fundamental del Estado Social de Derecho, por cuanto contribuye a la realización material de los fines esenciales e inmediatos del Estado, tales como los de garantizar un orden político, económico y social justo, promover la convivencia pacífica, velar por el respeto a la legalidad y a la dignidad humana y asegurar la protección de los individuos en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades públicas; así, comprendido el derecho a la tutela judicial efectiva, éste se configura como un derecho de aplicación inmediata, que forma parte del núcleo esencial del debido proceso y como medio efectivo para alcanzar la justicia como valor fundamental del Estado, en tanto se otorga a los individuos una garantía real y efectiva que busca asegurar la realización material del debido proceso, previniendo en todo caso que pueda existir algún grado de indefensión.

Sobre este aspecto la SC 0492/2011-R de 25 de abril, a tiempo de citar a la SC 0600/2003-R de 6 de mayo, estableció que:“(…) toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecidas con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, como podrá advertirse la norma transcrita consagra dos derechos humanos de la persona: 1) el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso, entendiéndose por aquélla la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como 'derecho a la jurisdicción' (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley. Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso y la igualdad procesal”.

Concluyéndose que, toda persona se halla dotada de la facultad de acceder a los órganos encargados de la administración de justicia a efectos de materializar sus derechos y perseguir la emisión de una resolución o decisión que los tutele; de ahí que la tutela judicial efectiva comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que se obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia.