SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0425/2016-S3

La Unidad Educativa accionante es un establecimiento de enseñanza privado sin fines de lucro; sin embargo, el SIN de Yacuiba, en etapa de determinación y ejecución por un presunto incumplimiento de deberes formales para determinar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto a la Utilidad de las Empresas (IUE), que deberían pagarse a favor del Fisco por los periodos de diciembre de 2004, marzo, mayo, junio y noviembre de 2006; y, febrero y marzo de 2007, emitió los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) 091/2008, 092/2008, 093/2008, 094/2008, 095/2008, 096/2008, 097/2008, 098/2008, 099/2008 y 100/2008, todos de 14 de octubre, vulnerando el principio no bis in ídem a momento de expedir los PIET II 24-0335-14, 24-0336-14, 24-0337-14, 24-0338-14, 24-0339-14, 24-0340-14, 24-0341-14, 24-0342-14,  24-0343-14, 24-0344-14 y 24-0345-14, todos de 10 de junio de 2014, resultando la transgresión a lo establecido en los arts. 120 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 74 del Código Tributario Boliviano (CTB) -Ley 2492 de 2 de agosto de 2003-, que textualmente señala que: “Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria…” (sic). Asimismo, existe identidad de sujeto, objeto y fundamento entre los Autos Iniciales de Sumario Contravencional 079/2008 de 14 de octubre y 25-0107-12 de 8 de junio de 2012, debido a que se basan en el mismo impuesto, monto y periodo, por lo que se lesionó lo determinado en los arts. 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 14.7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), incurriéndose por consiguiente, en el incumplimiento de los arts. 28 y 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA); y, 93.II del CTB. Además, los referidos fallos, deberían regirse al Código Tributario Boliviano de “2004”, que estaba vigente a la fecha de su emisión.

En cuanto a la prescripción de la deuda tributaria, el contenido del art. 59.I del CTB, establece que: “…los tributos prescriben a los cuatro años…” (sic); en ese sentido, respecto a las Resoluciones Sancionatorias 18-805-14, 18-806-14, 18  -807-14 y 18-808-14 de 21 de agosto de 2014, por omisión de pago del IT e IVA, correspondiente de los periodos de abril, agosto, septiembre, las acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas, hubiesen prescrito el 31 de diciembre de 2011. De igual manera, el indicado precepto en su parágrafo III, determina que la ejecución de las sanciones por contravenciones prescribe a los dos años; por consiguiente, la deuda del IVA correspondiente al periodo de diciembre de 2004, caducaría el 1 de enero de 2007; entonces, el SIN de Yacuiba, al rechazar de manera sistemática las solicitudes de prescripción de la deuda tributaria, vulneró el derecho al debido proceso y a la defensa de la Unidad Educativa Eduardo Avaroa, transgrediendo, asimismo, los plazos procesales estipulados en el citado Código, como ser la emisión de la Vista de Cargo -art. 104.V CTB-.

Respecto al pago del IT, el art. 76 inc. f) de la Ley de Reforma Tributaria (LRT) -Ley 843 de 20 de mayo de 1986-, prevé que se exceptúa de su pago a los establecimientos de educación de carácter privado incorporados a planes de enseñanza oficial, por lo que el SIN de Yacuiba, al proceder al cobro de este impuesto, no solo lesionó ese precepto sino también el art. 14.IV de la Norma Suprema, en relación al art. “125” -lo correcto es 122- del texto constitucional; ello, pese a que la Unidad Educativa accionante solicitó la merituada exención del pago de IT y del IUE, el año 1999, pagando algunos periodos, hasta que recién el 22 de abril de 2009, aquella estuvo exenta del pago del IT.