SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0565/2016-S2
Fecha: 30-May-2016
III.6. Análisis en el caso concreto
Con carácter previo al análisis de la problemática de fondo formulada por el accionante, conforme al contenido de los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las diligencias de comunicación practicadas con la acción de libertad a las autoridades judiciales ahora demandadas, vía fax a los Tribunales Departamentales de Justicia de Oruro y Beni, son válidas y en lo posterior deberá observarse mayor celeridad en las mismas a efectos de la remisión del informe circunstanciado documentado por parte de las autoridades o particulares demandadas; además, respecto a la falta de documentación que respalde todo el contenido de la demandada tutelar, dada la naturaleza y particularidad del caso, además del informe del Juez Segundo de Instrucción en lo Penal del departamento de Oruro, codemandado, este Tribunal, al igual que el Juez de garantías, en aplicación a la jurisprudencia transcrita al respecto, considera necesario y viable conocer y resolver en revisión el fondo del asunto planteado por el ahora accionante, que manifiesta estar detenido preventivamente en el Penal de San Pedro de la ciudad de La Paz.
Ahora bien, ya sobre el fondo del asunto, lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos III.3, III.4 y II.5 resulta aplicable, por cuanto del contenido de la demanda tutelar y del informe presentado por el Juez Segundo de Instrucción en lo Penal del departamento de Oruro, en sentido de que ordenó la detención preventiva del ahora accionante y que habiendo formulado el recurso de apelación incidental, el mismo abandonó el medio de impugnación; y, de lo expresado respecto a las tres autoridades codemandadas, se advierte que el accionante denuncia la inobservancia de la celeridad necesaria para la remisión de los antecedentes ante el superior en grado, a efectos de que resuelvan, los recursos de apelación incidental formulados en audiencia de consideración de medidas cautelares –en las que las autoridades judiciales ordenaron su detención preventiva–, dentro de las veinticuatro horas que prevé el art. 251 del CPP, como se dirá a continuación.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- concede
- II.2.
- Juez Segundo de Instrucción en lo Penal de Oruro
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 12
- la autoridad o persona demandada, deberá ser citada personalmente o mediante cédula, no pudiendo ser suspendida la misma bajo ninguna circunstancia, debiendo continuar la audiencia hasta su conclusión con la emisión de la sentencia.
- se pretende garantizar el principio de contradicción; así, por un lado, la parte queda a derecho y, por el otro, cumple con la función comunicacional de poner a conocimiento del demandado que se ha iniciado una acción en su contra e informarle del contenido de la misma. En consecuencia, esta formalidad procesal es entonces, la manifestación pura de la garantía del derecho a la defensa y elemento básico del debido proceso; puesto que, ante el incumplimiento de la misma, de acuerdo a las formas previstas en la Constitución Política del Estado y la jurisprudencia establecida al efecto, se pondría al demandado en un absoluto estado de indefensión
- en estricta observancia del principio de informalismo que rige a la acción de libertad, fundamentalmente considerando la naturaleza de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional y en aras del principio de lealtad procesal, al haber asumido comprensión de la demanda -aunque de manera parcial-, le incumbía al demandado buscar los medios y mecanismos que le permitan tener una información íntegra e informar sobre los puntos denunciados
- III.2.
- no es menos evidente que la parte recurrente debe acompañar la prueba suficiente y necesaria que acredite la veracidad de las acusaciones que formula, a objeto de lograr sus pretensiones, puesto que corre por su cuenta la carga de demostrar la existencia del o los actos lesivos que estima hayan restringido sus derechos, puesto que no puede dictarse una Resolución de procedencia cuando no se constata la vulneración de ningún derecho o garantía fundamental precisamente por falta de pruebas en las que el Tribunal pueda basar su decisión
- no obstante ello no implica que puede prescindirse la presentación de prueba mínima que acredite los hechos denunciados, en razón a que al sustanciar y resolver la acción tutelar, la jurisdicción constitucional requiere de certidumbre sobre la vulneración del o los derechos invocados para tutelar y protegerlos, compulsando los hechos denunciados con los elementos probatorios que generen convicción del acto ilegal u omisión indebida, caso contrario se ve impedida de otorgar la tutela solicitada
- la parte demandada debe negar los hechos por encontrarse en poder de la información o prueba
- III.3.
- III.2.1. Del principio de celeridad
- III.2.2. El ama qhilla como principio ético moral
- las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro horas
- oralmente en audiencia
- si el recurso de apelación es interpuesto oralmente en audiencia, corresponde que el juez o tribunal disponga decrete su remisión en dicha audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas establecido en el art. 251 del CPP.
- Fragmento 26
- El Código de Procedimiento Penal no prevé explícitamente que deban cumplirse ciertas formalidades para elevar la apelación al ad quem
- No obstante que corresponde al imputado proporcionar los recaudos de ley necesarios para remitir la apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva y que la autoridad jurisdiccional a cargo del proceso tiene la obligación de exigirlos, es sólo un aspecto formal que no puede superponerse un fin en sí mismo, como es la apelación presentada urgida de revisión y resolución conforme a ley; por tanto, en aquellos casos en los que se hubiere omitido dicha formalidad, como la falta de los recaudos de ley, no puede ser óbice para dilatar su tratamiento y menos para devolver obrados por ese motivo postergando su consideración
- es imperante el cumplimiento de la obligación del apelante, respecto a la provisión de los recaudos
- los recaudos de ley, no pueden constituirse en un mecanismo que obstaculice la celeridad en el trámite del recurso de apelación incidental de la Resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, en razón a que la norma fundamental ha introducido el principio de gratuidad, que debe ser reflejado y plasmado de manera progresiva
- la inobservancia de la parte procesal en proporcionar inmediatamente los recaudos necesarios no faculta convalidar una actitud dilatoria que entorpezca el tratamiento rápido y oportuno que deben merecer las solicitudes vinculadas con la libertad personal; ante estos supuestos corresponde a la autoridad judicial competente adoptar todas las medidas conducentes para que se efectivice la remisión de actuados y de manera inmediata se tramite la apelación presentada, debiendo la autoridad judicial dar la continuidad inmediata al trámite de apelación en atención al principio de celeridad procesal y en resguardo del derecho a la libertad física
- Remitir al Tribunal ad quem, en el término de veinticuatro horas, conforme previene el art. 251 del CPP
- ante la falta de remisión de los recaudos de ley, lo que corresponde es dar la continuidad inmediata al trámite de la apelación de la medida cautelar en resguardo del derecho a libertad y al principio de celeridad procesal, sin perjuicio de las facultades conducentes para exigir el cumplimiento de los recaudos de ley
- No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia
- III.6. Análisis en el caso concreto
- 29 de enero y el 25 de febrero de 2016
- 2° Disponer