SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0620/2016-S2

Sucre, 30 de mayo de 2016

SALA SEGUNDA

Magistrado Relator: Juan Oswaldo Valencia Alvarado

Acción de amparo constitucional

Expediente: 14514-2016-30-AAC

Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 14 de 22 de marzo de 2016, cursante de fs. 533 vta. a 538, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Ernesto Álvarez Eguez, Presidente del Club Deportivo y Cultural Oriente Petrolero contra Alain Núñez Rojas y Editha Pedraza Becerra, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y Alberto Guzmán Méndez, Juez Séptimo de Partido Civil del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de febrero de 2016, cursante de fs. 472 a 481 vta., el accionante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Como antecedente refiere que el Club al que representa obtuvo una línea de crédito de la Cooperativa San Luis Ltda., y que en forma posterior inició el cobro en la vía judicial ejecutiva; sin embargo, no se consideró que la línea de crédito era por una suma menor a la que se pretende cobrar y principalmente señala que los desembolsos se realizaron a terceras personas particulares y no así a representantes legalmente acreditados del Club Oriente Petrolero, y que entre otros aspectos, no era posible el cobro al Club, y que a pesar de haber manifestados todos estos extremos mediante los recursos de Ley, el Juez de la causa emitió la Sentencia declarando probada la demanda, por lo que interpusieron recurso de apelación emitiéndose el “Auto de Vista 206”, que hubiera sido notificado al Club Oriente Petrolero el 19 de octubre de 2011, diligencia en la que no se puede verificar el nombre y la identidad de la persona que se notificó y lo mismo sucede en cuanto al testigo de actuación.

Con ese antecedente e ingresando a la expresión de agravios, el accionante señala que ambas resoluciones; es decir, la Sentencia y el Auto de Vista, carecen de todo fundamento, mencionado al respecto la observación que realizaron respecto a la falta de fuerza exigible de los documentos y a la diferencia de la suma desembolsada de $us1 256 917.- (un millón doscientos cincuenta y seis mil novecientos diecisiete dólares estadunidenses) y el monto demandado de $us338 866.- (trescientos treinta y ocho mil ochocientos sesenta y seis dólares estadunidenses), peor aún que dichos montos no ingresaron al Club Oriente Petrolero, y que las cartas mediante las cuales habrían solicitados los desembolsos, carecen de firma de los supuestos representantes del Club Oriente Petrolero y son simples cartas que en todo caso previamente debieron ser objeto de reconocimiento judicial de firmas, aspectos que no hubieran sido valorados por el Juez ni por los Vocales demandados, extremo sobre el cual, el ahora accionante manifiesta que se trataría de suma ilíquida, que fue solicitada por personas particulares.

Continua señalando que la notificación cursante a fs. 350 no cumple con los requisitos que exige el procedimiento, refiriéndose al presunto error en la consignación del nombre de la persona notificada, el lugar en el que se practicó la diligencia, la intervención del testigo de actuación que no se encuentra identificado y la falta de notificación a los “verdaderos representantes del Club”, a objeto de garantizar el derecho a la defensa, que en el caso analizado vulneró el derecho a la defensa y debido proceso del Club que representa.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Estima lesionado su derecho al debido proceso en su elemento de resolución congruente, motivada y fundamentada y los principios de igualdad procesal, juez imparcial, probidad, especificidad, honestidad y verdad material, citando al efecto los arts. 115.II, 119.I, 120.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, consiguientemente se disponga: “La nulidad hasta la lesión de mis derechos más antiguo y se deje sin efecto los actos indebidos cometidos…”, “…consistentes en la Sentencia No 77de fs. 272 a 279, el Auto de Vista No. 206 de fecha 13 de septiembre de 2011…”, “…y la notificación de fecha 19 de octubre de 2011...” (sic), debiendo dictarse nueva Sentencia y Auto de Vista.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de defensa, se realizó el 22 de marzo de 2016, según consta en el acta cursante de fs. 523 a 533 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante por intermedio abogado, ratificó y reiteró los fundamentos de la demanda de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Alberto Guzmán Méndez, por informe escrito cursante de fs. 491 a 492 vta., indicó que: a) Haciendo una relación de los antecedentes, manifestó que ejecutoriada la Sentencia procedió a regular los honorarios mediante Auto de 26 de agosto de 2013 y que si bien no fueron notificados con ese actuado, fueron notificados con actuados posteriores, así se evidencia de la diligencia sentada el 25 de julio de 2014, y si se consideraban afectados, debieron interponer incidente de nulidad dentro de la misma causa y no lo hicieron por lo que corresponde aplicar el principio de subsidiariedad y preclusión; y, b) Por otra parte tomando en cuenta la notificación de 25 de julio de 2014, hasta la fecha de interposición de la acción, transcurrieron más de seis meses, por lo que corresponde declarar la improcedencia de la acción por inobservancia del principio de inmediatez.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 14 de 22 de marzo de 2016, cursante de fs. 533 vta. a 536, por la que concedió la tutela solicitada, bajo los siguientes argumentos: 1) El Tribunal de garantías es un tribunal de puro derecho, razón por la que no corresponde señalar ni definir montos, planillas, si el gasto fue o no correctamente realizado, pues solo compete revisar si se produjeron violaciones de derechos constitucionales; 2) En consideración a las denuncias efectuadas, corresponde inicialmente analizar la cuestionada diligencia de notificación en cuanto al nombre correcto del Club, aspecto sobre el cual de la revisión de antecedentes, se establece que durante la tramitación del proceso ejecutivo en cuestión, son los propios directivos quienes utilizan indistintamente el nombre de Club Oriente Petrolero y Club Deportivo y Cultural Oriente Petrolero, en cuyo mérito, no es posible pretender una nulidad por este aspecto; 3) En cuanto a que no se notificó con el Auto de Vista a los tres representantes del Club, se tiene que quien actuó en su representación es el Presidente y es quien presentó el recurso de apelación, y fue en esa condición de representante legal y Presidente que fue notificado, por lo que tampoco existe vulneración de derechos por este aspecto; 4) En cuanto a las cuestionantes referidas al testigo de actuación, se tiene que su cédula de identidad no es legible, lo que impide tener certeza sobre su identidad; por otra parte, la diligencia no especifica cuál el domicilio donde se hubiere realizado la diligencias y pegado la cédula, lo que constituye una vulneración del derecho a defensa, pues sería diferente si el testigo de actuación hubiese sido el abogado de la parte notificada, en cuyo mérito estaríamos ante una actuación que a pesar de su defecto hubiera cumplido su finalidad; y, 5) Habiéndose determinado que la diligencia de notificación es anómala y que impidió que el Club referido conozca la emisión del Auto de Vista para su posterior impugnación vía proceso ordinario, no corresponde ingresar al análisis del Auto de Vista ni de la Sentencia cuestionada.

II. CONCLUSIONES

De la atenta revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Memorial de demanda ejecutiva presentada por Arturo Cuéllar Urgel en representación de la Cooperativa de Crédito San Luis Ltda. en contra del Club Deportivo y Cultural Oriente Petrolero, que mereció el pronunciamiento de la Sentencia 77 de 16 de julio de 2010, que declaró probada la demanda e improbada las excepciones interpuestas por el Club Oriente Petrolero (fs. 183 a 189 y 277 a 281 vta.).

II.2. Cursa el recurso de apelación de Sentencia interpuesto por el representante legal del Club Oriente Petrolero (fs. 330 a 333 vta.), que mereció la emisión del Auto de Vista 206 de 13 de septiembre de 2011 que confirmó la Sentencia apelada, respondiendo a los aspectos cuestionados en el recurso, como ser: la personería, la cartas utilizadas a los fines del retiro de dinero, mismas que en criterio del Auto de Vista fue la forma acordada de ejecutar el contrato, por lo que no es posible restar validez de título ejecutivo, el hecho de que el desembolso no se haya realizado a las cuentas del Club, fue por decisión de quienes en su momento ejercían la representación (fs. 348 a 349 vta.).

II.3. Cursa la cuestionada diligencia de notificación con el Auto de Vista, consignada a fs. 352, en la que se advierte la fecha de notificación cedularía al Club Oriente Petrolero en la persona de su representante legal, efectuada el 19 de octubre de 2011, en el Edificio Castelo Branco Departamento 10-E, con la intervención de testigo de actuación Marco Salvatierra, cuya número de cédula de identidad resulta parcialmente ilegible e incomprensible (fs. 352).

II.4. Ante la solicitud de regulación de honorarios y el traslado dispuesto al Club Oriente Petrolero (fs. 373 y vta.), encontramos la representación de la Oficial de Diligencias de 10 de mayo de 2013, quien informa que habiéndose apersonado al domicilio fijado por el Club, ubicado en el Condominio Castelo Branco, Departamento 10 E, ubicado frente al Colegio La Salle, no pudo realizar la diligencias, en razón a que en dicho lugar vivía una inquilina y que en contacto con la dueña del inmueble le señaló que desconocía del proceso y el por qué se había señalado domicilio procesal en su departamento. La representación señalada fue corrida en traslado, solicitando la parte demandante la notificación cedularía en el domicilio procesal señalado por las partes, mereciendo la providencia del Juzgador quien autorizó la notificación cedularía, procediéndose de esa manera conforme consta a fs. 379, con la intervención de testigo de actuación. Cursan similares representaciones como ser a fs. 409.

II.5. Cursan memorial de 15 de enero de 2016, presentado por José Ernesto Alvares Eguez, quien se apersonó en nombre del Club Deportivo y Cultural Oriente Petrolero, en cuyo petitorio señaló: “A nombre la entidad que represento me doy por notificado con todas las actuaciones del presente proceso”, asimismo, señaló como nuevo domicilio procesal la Avenida Monseñor Rivero 359, piso 7, Oficina C (fs. 428).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Haciendo mención a los antecedentes del proceso ejecutivo seguido por la Cooperativa San Luis Ltda. contra el Club Deportivo y Cultural Oriente Petrolero, en el cual se pretende el cobro de una línea de crédito obtenida por dicho Club, proceso que en primera instancia mereció la emisión de Sentencia declarando probada la demanda, y habiendo sido objeto de apelación por parte del Club Deportivo y Cultural Oriente Petrolero, se emitió el Auto de Vista 206 de 13 de septiembre de 2011 que confirmó la Sentencia apelada; con esa breve relación de antecedentes e ingresando a la expresión de agravios, el accionante manifiesta que la Sentencia y el Auto de Vista carecen de fundamento y que no se valoraron de manera correcta aspectos como ser: la falta de fuerza ejecutiva de los documentos base de la demanda, por ser simples cartas sin reconocimiento de firmas; que la línea de crédito obtenida por el Club era menor a la que se pretendía cobrar; que los desembolsos efectuados se hicieron a nombre de personas particulares que no tenían la representación legal del referido Club, por cuya razón, dichos montos no hubieran ingresado al Club. Como un segundo agravio, expresa que la notificación al Club Deportivo y Cultural Oriente Petrolero, con el Auto de Vista 206 que data de 19 de octubre de 2011, contiene falencias, pues no se podría verificar el nombre y la identidad de la persona que se notificó y lo mismo sucede en cuanto al testigo de actuación.

III.1. De la acción de amparo constitucional

Antes de entrar a la consideración sobre la resolución y antecedentes de la presente acción tutelar elevada en revisión, es pertinente referirse a algunos aspectos inherentes a la acción de amparo constitucional instituida en el sistema constitucional boliviano; así, la Constitución Política del Estado, en la Sección II, del Capítulo Segundo (Acciones de Defensa) del Título IV (Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa) de la Primera Parte (Bases Fundamentales del Estado-Derechos, Deberes y Garantías) ha instituido la acción de amparo constitucional.

En ese marco, el art. 128 establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”; a su vez el art. 129.I de la CPE, determina que: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.

En desarrollo de las normas constitucionales citadas, el art. 73 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), al referirse al objeto de la acción de amparo constitucional, señala que: “…tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley” y que el art. 76 de la citada Ley, con referencia a la subsidiariedad e inmediatez, establece que: “La Acción de Amparo no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.

La acción de amparo constitucional, en consecuencia, es un mecanismo constitucional por el que la Ley Fundamental del ordenamiento jurídico, establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida.

III.2.Naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional

El art. 129.I de la CPE, estableció la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional al señalar que la misma: “…se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas son nuestras).

Por su parte, la SCP 1449/2013, de 19 de agosto, que cita a la SC 0274/2011-R, de 29 de marzo, estableció que: “…no podrá ser interpuesta esta acción extraordinaria, mientras no se haya hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos y, en caso de haber utilizado los mismos deberán ser agotados dentro de ese proceso o vía legal, sea judicial o administrativa, salvo que la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales ocasione perjuicio irremediable e irreparable (SC 1337/2003-R, 1089/2003-R, entre otras)” (las negrillas fueron añadidas).

En esa misma línea de análisis, la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, estableció las reglas y sub reglas de improcedencia de la acción de amparo constitucional cuando: “…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) Cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución” (las negrillas nos pertenecen).

III.3 Análisis del caso concreto

De los antecedentes expuestos en la demanda de acción de amparo que nos toca analizar y que han sido resumidos en dos agravios en el fundamento jurídico de la presente Sentencia, referidos a la carencia de fundamentación en que hubieran incurrido la Sentencia como el Auto de Vista emitidos dentro de la demanda ejecutiva seguida a instancia de la Cooperativa San Luis Ltda., contra el Club Deportivo y Cultural Oriente Petrolero, pues según expresa el accionante, estas Resoluciones no se hubieran referido ni fundamentado debidamente sobre aspectos como la falta de fuerza ejecutiva de los documentos que son base de la demanda, pues constituirían simples cartas que no tiene reconocimiento de firmas; que la línea de crédito obtenida por el Club era menor a la que se pretendía cobrar; que los desembolsos efectuados se hicieron a nombre de personas particulares que no tenían la representación legal del referido Club, por cuya razón, dichos montos no hubieran ingresado al Club; así también, encontramos la expresión de un segundo agravio referido al cuestionamiento de la notificación al Club Deportivo y Cultural Oriente Petrolero, efectuada con el Auto de Vista 206, de 19 de octubre de 2011, que contendría falencias, pues no se podría verificar el nombre y la identidad de la persona que se notificó y lo mismo sucede en cuanto al testigo de actuación, diligencia que vulneraría el derecho a defensa y el debido proceso del Club al que representa, siendo esos los agravios expuestos en la presente acción.

Ahora bien, de los fundamentos contenidos en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia, se tiene que la presente acción por sus características y naturaleza está regida por principios que regulan su activación, y estos tienen una verdadera connotación en cuanto al trabajo del Tribunal Constitucional y de la propia jurisdicción ordinaria, así encontramos que quien pretenda activar esta acción, entre otros aspectos debe observar dos principios esenciales, como son el de inmediatez y el de subsidiariedad, y para el caso analizado, corresponde hacer hincapié en el principio de subsidiariedad que regula la activación de la jurisdicción constitucional, pues por medio de este principio se impide que presuntos actos ilegales vulneradores de derechos fundamentales, sean definidos de manera directa por la jurisdicción constitucional, haciendo mella de la labor jurisdiccional ordinaria, misma que ha sido concebida para ser quien resuelva inicialmente las denuncias de presuntos actos vulneratorios cometidos dentro del proceso ordinario, pues es el Juez ordinario, quien en primera instancia en pleno conocimiento del procedimiento y los derechos en litigio, deba resolverlos, y solo agotados todos los recursos ordinarios y de persistir la presunta lesión que afecte derechos y garantías fundamentales, la parte que se considere afectada, podrá activar de manera inmediata la acción de amparo constitucional, siendo así, en el caso analizado, se debe tener presente que el accionante, pretende que la jurisdicción constitucional se pronuncie, primero sobre la Sentencia y Auto de Vista emitidos con presunta carencia de fundamentación, sin tener en cuenta que de conformidad a procedimiento, puede acudir al proceso ordinario a objeto de que se definan aspectos tan controvertidos como la presunta falta de fuerza ejecutiva de los documentos base de la demanda, o el hecho de que las sumas de dinero fueron entregadas a personas particulares que no tenía la representación legal del Club Deportivo y Cultural Oriente Petrolero, o el hecho de que se pretende el cobro de una suma de dinero superior a las líneas de crédito obtenidas, aspectos sobre los cuales no es posible que el Tribunal Constitucional emita pronunciamiento alguno, pues para ello existe una acción específica a ser activada en la vía ordinaria; por otra parte, en cuanto la cuestionada diligencia de notificación con el Auto de Vista 206, de “19 de octubre de 2011”; es decir, de más de cuatro años, de igual manera, el procedimiento civil prevee la posibilidad de acudir en reclamo en la vía incidental aún en el estado de ejecución de la Sentencia; es decir, que la parte que se sienta afectada por algún defecto en el procedimiento, podrá demandar en cualquier estado del proceso, en la vía incidental, la nulidad de obrados, que, en la especie, de la revisión de antecedentes se constata que el accionante en la tramitación del proceso ejecutivo, no utilizó los medios de defensa a su alcance, pues no promovió en momento alguno incidente de nulidad de notificación con el Auto de Vista, en tal circunstancia las autoridades demandadas no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre ese punto, lo que hace inviable la tutela demandada en observancia del principio de subsidiariedad, pues el accionante no planteó un recurso o medio de impugnación establecido a su alcance.

Por las consideraciones precedentemente señaladas, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela, no efectuó una correcta compulsa de a los fundamentos esgrimidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en todo la Resolución 14 de 22 de marzo de 2016, cursante de fs. 533 vta. a 538, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Juan Oswaldo Valencia Alvarado

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga

MAGISTRADA