SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0658/2016-S1
Fecha: 15-Jun-2016
“por no presentada”
Mediante Resolución 77/2015 de 9 de diciembre, cursante a fs. 92, la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz declaró “por no presentada” (sic) la acción de amparo constitucional, interpuesta por María Avendaño Poma, de conformidad al art. 30.II del Código Procesal Constitucional (CPCo).
Siendo dicha determinación notificada a la accionante el 16 de diciembre de 2015 (fs. 92 vta.), la indicada presentó impugnación el 17 de igual mes y año (fs. 93 a 95) dentro del plazo establecido en el art. 30.I.2 del CPCo, cuestionando que en mérito a una observación del Tribunal de garantías se aclaró las generales de Ángel Arias Morales y Virginia Janeth Crespo Ibáñez; y no así de Grover Jhonn Cori Paz, actual Presidente de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, debido a que sus datos se encontraban correctos en la demanda de acción de amparo constitucional; lo que no puede ser entendido como que dejó de ser demandado, como erradamente fue entendido.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- ORIGEN LÍCITO DEL BIEN CONFISCADO”
- I.1.3. Petitorio
- “por no presentada”
- I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional
- I.3.1. Ratificación de la acción de amparo constitucional
- 1)
- i)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- III.2.
- Fragmento 21
- El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones
- El debido proceso legal, proceso justo o simplemente debido proceso (así como el derecho de acción, de contradicción) es un derecho humano fundamental que tiene toda persona y que le faculta a exigir del Estado un juzgamiento imparcial y justo, ante un juez responsable, competente e independiente, pues, él «Estado no sólo está obligado a proveer la prestación jurisdiccional (cuando se ejercitan los derechos de acción y contradicción) sino a proveerla bajo determinadas garantías mínimas que le aseguren tal juzgamiento imparcial y justo»
- derecho a la congruencia (...); derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones
- a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado
- III.4. Análisis en el caso concreto
- CONFIRMAR