Los suscritos Magistrados, expresan su voto disidente con la DCP 0108/2016 de 10 de agosto, en base a los siguientes argumentos jurídicos constitucionales:

La Concejala o el Concejal designado debe ser del mismo partido político, agrupación ciudadana u organización de la nación o pueblo indígena originario campesino, al cual pertenece la Alcaldesa o el Alcalde; en caso que no hubiese, podrá ser designado cualquiera de las Concejalas o los Concejales” (las negrillas fueron añadidas).

De acuerdo con esta previsión similar, legal y vigente en el país, el establecer como incompatible con la Constitución Política del Estado la norma prevista en el proyecto de COM de Uncía, afecta la garantía de seguridad jurídica por señalar un contrasentido dentro del ordenamiento jurídico, asignando a unos municipios una posibilidad cierta de sustitución y a otro no. Es por esto que ahora, con la declaratoria de incompatibilidad realizada por la DCP 0108/2016, se ha restado indebidamente una posibilidad válida de suplencia de la autoridad ejecutiva, sin mayor fundamento que el derecho a la igualdad o derecho político que ya han sido refutados, sin considerar en contraposición la gobernabilidad y el derecho de los electores, por nombrar algunos aspectos que sí debieron ser sopesados en el análisis y de los cuales no se hace mención alguna.