SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 1104/2017-S2

La acción popular instituida por el art. 135 de la CPE, procede contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza.

Partiendo del citado precepto constitucional, la SC 1977/2011-R de 7 de diciembre, refiriéndose a la legitimación pasiva en la acción popular, señaló que: ”De acuerdo al art. 135 de la CPE, la acción popular procede contra todo acto y omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen violar los derechos e intereses protegidos por dicha acción.

En ese sentido, se concluye que no existen zonas exentas de control, por cuanto la acción popular puede ser presentada tanto contra particulares como contra servidores públicos; último término que, de conformidad al art. 233 de la CPE, abarca a los servidores públicos de carrera, a los designados, electos, de libre nombramiento o, finalmente, provisorios, tanto del órgano ejecutivo como del legislativo, judicial o electoral, así como a los funcionarios de los órganos de control y defensa de la sociedad y del Estado (Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Procuraduría General del Estado), Fuerzas Armadas, Policía Boliviana y funcionarios de las entidades territoriales descentralizadas y autónomas.

La legitimación pasiva, conforme lo ha entendido la jurisprudencia de este Tribunal, es la coincidencia que se da entre la autoridad o particular que presuntamente causó la vulneración o la amenaza y aquélla contra quien se dirige la acción (SSCC 0325/2001-R y 0984/2002-R, entre otras). Conforme a dicho criterio, en la acción popular, de acuerdo al art. 135 de la CPE, antes citado, se tendría que presentar la acción contra las autoridades o personas individuales o colectivas que vulneraron o amenazaron vulnerar los derechos protegidos por esta acción de defensa.

Por otra parte, este Tribunal, de manera reiterada en las acciones de amparo constitucional, ha señalado que tratándose de tribunales u órganos colegiados, tienen legitimación pasiva todos los miembros que asumieron la determinación o resolución impugnada (SSCC 0059/2004-R, 0711/2005-R, 0554/2006-R, entre otras); sub regla que si bien, a prima facie tendría que ser aplicada también a las acciones populares; sin embargo, atendiendo al carácter informal de esta acción popular -que puede ser presentada sin agotar los medios de impugnación existentes- y en virtud a la naturaleza de los derechos protegidos que requieren protección inmediata, se concluye que en la acción popular no es posible denegar la tutela por dicha subregla que fue creada dentro del recurso     -ahora acción- de amparo constitucional.

Dicho entendimiento, por otra parte, resulta coherente con lo establecido en el art. 98 de la LTCP, que entre los requisitos de la acción popular, al hacer referencia a la parte demandada, señala: ’Indicar el nombre y domicilio de la parte demandada o de su representante legal‘; no siendo imprescindible, por ende, identificar a todos los que componen el órgano colegiado“.

No obstante, ese entendimiento es inaplicable a casos en los que el acto u omisión que vulnera derechos protegidos por la acción popular, emerge de determinaciones, actos u omisiones atribuibles a un conglomerado de personas colectivas privadas o públicas, independientes entre sí, pues en caso de haberse demandado sólo a una entidad y haberse concedido tutela ordenando el cese del acto lesivo, de la omisión o de la amenaza que originó la acción de defensa, esa resolución resultaría ineficaz porque no está al alcance de la entidad demandada, el cese de los actos considerados lesivos que se encuentran ejercidos por las demás entidades o personas no demandadas, por cuanto no ejerce tuición o autoridad alguna sobre ellas; situación que obliga a demandar a los representantes legales o directivos de todas las personas jurídicas que causan la lesión, o en su caso a la repartición estatal que ejerce tuición sobre todas ellas en mérito a su competencia.