SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1105/2017-S3

En relación a la actuación del Juez de garantías, se advierte que la presente acción de amparo constitucional fue interpuesta y subsanada el 11 y 25 de julio de 2017 (fs. 861 a 881 vta. y 948 a 954) y admitida el 27 de igual mes y año (fs. 955), con señalamiento de audiencia para el 31 del mismo mes y año; sin embargo, y conforme consta en las actas de audiencia, debido a: “…la recarga laboral existente en este juzgado y al no contar con el espacio suficiente de tiempo para la celebración de audiencia…” (sic) la misma fue suspendida, argumento que también motivó la suspensión de las audiencias de 10, 17 y 31 de agosto de dicho año (fs. 956, 960, 961 y 968), hasta que la audiencia de acción de amparo constitucional fue instalada y realizada el 11 de septiembre de igual año (fs. 1797 a 1810); es decir, cuarenta y tres días después de la interposición de la acción tutelar, cuando la audiencia debió realizarse en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde su presentación, conforme lo dispone el art. 129.II, última parte de la Norma Suprema, concordante con el art. 56 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

En efecto, la SCP 0610/2013-L de 3 de julio, que cita a la             SCP 1047/2012 de 5 de septiembre, concluyó que: “…la norma contenida en el art. 129.III de la misma norma constitucional, en relación con los arts. 115.II y 119.II (…), debe ser entendido en sentido que el plazo de cuarenta y ocho horas para la presentación del informe y correspondiente celebración de audiencia se computa desde la admisión de la acción de amparo constitucional; aclarándose, empero, que para precautelar el derecho a la defensa de los demandados y terceros interesados, las citaciones y notificaciones deben ser practicadas por el oficial de diligencias dentro de las veinticuatro horas de admitida la acción de amparo constitucional”, no siendo justificativo razonable la suspensión por recarga laboral en el juzgado o no contar con espacio suficiente de tiempo para la celebración de la misma, siendo pertinente recordar que el control y cumplimiento del carácter perentorio de los plazos de las acciones de defensa es una obligación para los jueces y tribunales de garantías. Bajo ese contexto, se advierte que el Juez de garantías, incurrió en una innecesaria retardación de justicia en la tramitación de la presente acción tutelar, olvidando la naturaleza de dicha acción de defensa, misma que fue diseñada para la protección inmediata, efectiva y oportuna de los derechos fundamentales.