SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0368/2017-S2
Fecha: 17-Abr-2017
24 de febrero de 2017
De la misma forma con relación a la resolución de 24 de febrero de 2017, señala que el 26 de enero del mismo año, presento junto a su impugnación de la “resolución” de 17 de febrero de 2017, renuncia al Comité Disciplinario; empero, este aspecto fue omitido por los ahora demandados a momento dictar resolución, por el contrario establecieron una nueva causal de su inhabilitación, basados en el art. 310 del Código de Comercio (CCom), misma que no fue mencionado en la “resolución” de 17 de febrero de 2017, haciendo además una cita a medias del num. 4 del art. 310 del Código de Comercio, por lo que no explicaron porque consideran “…que el Comité Disciplinario ejerce una labor de fiscalización (…), si por el contrario el art. 48 del Estatuto, establece (…) que el órgano encargado de fiscalizar la cooperativa en cuanto a su funcionamiento y administración (…) es el Consejo de Vigilancia, (…) y el art. 69 del Estatuto establece que (…) es el órgano encargado de conocer las denuncias debidamente fundamentadas de los socios que se creyeran afectados por alguna determinación o actuación…” (sic), además; por otro lado, en la primera “resolución” se le inhabilito en razón del “…inc. 11) de la Convocatoria, el no tener conflicto de intereses con la cooperativa, relación contractual de ninguna naturaleza directa e indirecta; (…) en la segunda resolución no se me indica dónde surge el interés con la cooperativa, solo indican que poder surgir conflicto de interés entre los miembros del Comité Disciplinario y el Consejo de Administración…” (sic), sin tomar en cuenta que el sentido correcto de la inhabilitación es en relación a la existencia de conflicto de interés con la cooperativa como institución y no entre órganos internos de gobierno diferente.
Arguye que en las resoluciones de 17 y 24 de febrero el Comité Electoral no está realizando una interpretación correcta de las prohibiciones e impedimentos para ser inhabilitado como candidato al consejo de administración, siendo las “…las normas aplicables en nuestra cooperativa la CPE, Código de Comercio, Ley General de Cooperativas, Estatuto Orgánico de la Cooperativa, Reglamento de Elecciones y Convocatoria a elecciones…” (sic), y que el límite a toda labor de interpretación o aplicación de las normas electorales por parte del comité electoral debe estar sometido a parámetros objetivos, que según el Tribunal Constitucional conforme la “SCP 0410/2013 de 27 de marzo”, deben ser los métodos de interpretación de las normas.
Señala que en el presente caso existe una interpretación arbitraria de las normas electorales por el Comité Electoral, quien forzó su inhabilitación, y que en su interpretación debieron sujetarse a los valores principios y derechos constitucionales y respetar de manera obligatoria los métodos de interpretación; sin embargo, no consideraron el método gramatical, sistemático y teleológico en su interpretación, ya que cumplió todos los requisitos exigidos por los arts. 59 del Estatuto de la Cooperativa y el 43 del Reglamento de Elecciones.
- acción de amparo constitucional
- de 17 de febrero del 2017
- 24 de febrero de 2017
- Estatuto de la Cooperativa
- I.1.3. Petitorio
- a)
- concedió
- i)
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III.1. La acción de amparo constitucional, su naturaleza jurídica
- el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (...) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos»
- está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, c
- La jurisprudencia constitucional (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras) es uniforme al identificar al debido proceso como un derecho, garantía, principio de orden general y complejo, a su vez compuesto por otros derechos y garantías, como ser:
- no puede limitarse en su aplicación solo a los ámbitos jurisdiccional y/o administrativo,
- Fragmento 18
- cuando las resoluciones no están motivadas «…y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada,
- Fragmento 20
- toda supuesta inobservancia o errónea aplicación, debe ser corregida ante la jurisdicción ordinaria; conforme a la jurisprudencia reiterada en la 2279/2010-R de 19 de noviembre, únicamente concierne a la jurisdicción constitucional, cuando: `…se impugne tal labor como arbitraria, insuficientemente motivada o con error evidente, (…) a los efectos de comprobar si la argumentación jurídica en la que se funda la misma es razonable desde la perspectiva constitucional -razonamiento que debe ajustarse siempre a una interpretación conforme a la Constitución- o si por el contrario, se muestra incongruente, absurda o ilógica, lesionando con ello derechos fundamentales o garantías constitucionales
- no es un recurso alternativo, sustitutivo, complementario o una instancia adicional a la que pueden recurrir los litigantes, frente a una determinación judicial, (…) que- les resulta adversa, pues esta acción tutelar ha sido establecida más bien como un recurso extraordinario y subsidiario de protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, que en ningún caso puede ser equiparado y/o utilizado como una instancia de apelación y menos de casación. En ese sentido, la SC 1358/2003-R de 18 de septiembre, ha establecido que: «…el amparo constitucional es una acción de carácter tutelar, no es un recurso casacional que forme parte de las vías legales ordinarias, lo que significa que sólo se activa en aquellos casos en los que se supriman o restrinjan los derechos fundamentales o garantías constitucionales, por lo mismo no se activa para reparar supuestos actos que infringen las normas procesales o sustantivas, debido a una incorrecta interpretación o indebida aplicación de las mismas»´
- excepcionalmente la jurisdicción constitucional, verifica si en la labor interpretativa impugnada, se quebrantaron los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso, a los que se hallan sujetos todos los operadores de justicia del Estado, con la finalidad de comprobar si existe vulneración de principios y valores constitucionales, o si incumple reglas de interpretación que operan como barreras de contención destinadas a precautelar la observancia de los principios aludidos por medio de una interpretación que no sea defectuosa o arbitraria.
- Fragmento 24
- b)
- CONFIRMAR en parte
- 1°
- 2°