SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0453/2017-S1

De todo lo mencionado, se tiene que la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de «legalidad ordinaria», pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de «reglas admitidas por el Derecho» rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.

Es en ese sentido, si bien la jurisdicción constitucional, puede proceder a revisar la labor interpretativa de otros tribunales como el ordinario; dicha labor no puede ser utilizada para reparar incorrectas interpretaciones o indebidas aplicaciones del derecho, porque no se constituye en un medio más de impugnación de un proceso judicial o administrativo; dado que la acción de amparo constitucional como una garantía no subsidiaria ni supletoria de otras jurisdicciones, requiere para su excepcional función de ciertos requisitos, que fueron omitidos por la parte hoy accionante al momento de plantear la presente acción tutelar porque: i) No refirió expresamente que se proceda a la revisión de la labor interpretativa efectuada por los Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, al haber emitido el Auto de Vista hoy cuestionado; ii) No solicitó la explicación de manera fundamentada del por qué se considera que la labor interpretativa de las autoridades demandadas, es lesiva a sus señalados derechos, argumentando bajo qué criterios se entiende que la misma es  insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente; y, iii) No solo se tiene que citar el derecho vulnerado sino también determinar el nexo de causalidad entre éste y la interpretación cuestionada.