SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0653/2017-S3

ii)    El Juez hoy codemandado incurrió en error al sostener que al existir un contrato con Cláusula Arbitral “GAFTA 125”, el caso correspondería ser dilucidado ante el Juez en materia civil, comercial o arbitral, sustentando su decisión en la SC 0830/2007-R de 10 de diciembre, que al respecto establecía: “‘EL DERECHO PENAL DEBE SER UTILIZADO DE ULTIMA RATIO DE LA POLITICA SOCIAL DEL ESTADO PARA LA PROTECCION DE LOS BIENES JURIDICOS MAS IMPORTANTES FRENTE A LOS ATAQUES…QUE EN SINTESIS MANIFIESTA QUE EL DERECHO PENAL A DE SER UTILIZADO COMO ULTIMO RECURSO A FALTA DE OTROS MEDIOS…’” (sic), línea jurisprudencial que fue modificada por la         SCP  0477/2015-S1, que respecto a la competencia del Juez de materia penal en los casos que existieran contratos con cláusula arbitral, sostuvo que: “‘…independientemente de la cláusula compromisoria contenida en un solo contrato, que obligaría a renunciar a la vía ordinaria y someter las controversias a la arbitral – ante la Cámara de Comercio, en este caso-, se incide que es dentro de un proceso penal donde se dilucidaría la adecuación de la conducta antijurídica de los imputados a los tipos penales de estafa y estelionato; por ende, la naturaleza de la excepción de incompetencia, que en este caso en particular fuera sustentada por el carácter civil de los hechos controvertidos y la obligatoria sujeción arbitral, no condice al contexto del juicio penal en el que fue planteada, que responde a la averiguación de la comisión de un delito de acción pública, sus autores o participes y su consecuente sanción, que no guarda relación alguna con el contenido del contrato en sí y las cuestiones que le atañen a este; al contrario, sólo supedita a investigar la presunta comisión de ilícitos de interés social, en el caso en cuestión, dentro de un proceso en el que intervendría el interés del Estado a través del Ministerio Publico en defensa de la sociedad, entidad que está obligada a perseguir hechos con preeminencia penal; caso contrario; apartarse(…) Bajo este entendimiento, se pronuncia la misma ley de arbitraje y conciliación en su art. 6.4, al aludir a las cuestiones concernientes a las funciones del Estado como persona de derecho público, como materia excluida del arbitraje. Este razonamiento importa el cambio de línea jurisprudencial contenida en la SSCC. 0770/220063-R, 0068/2007-R y 0487/2007-R -entre otras-, que afirmaban la incompetencia del juez en materia penal cuando los hechos puestos a su conocimiento recaían sobre la cláusula arbitral”’ (sic).