SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0026/2017

De la hipótesis antes señalada, como ya se señaló anteriormente, derivan una dualidad de consecuencias jurídicas; primero, la inseguridad se extiende al propio Estado, dado que las autoridades legitimadas para interponer la demanda contenciosa administrativa, se encuentran privadas de conocer el contenidos de las decisiones administrativas por periodos temporales materialmente impredecibles, que en la mayoría de las veces se traducen en varios años; es decir, la falta de regulación temporal conlleva a que el Estado se vea impedido de acudir al Órgano Judicial para buscar la prevalencia de los intereses comunes a través del control de legalidad de los actos administrativos; y, segundo, la falta de regulación del plazo para la notificación con las resoluciones finales de saneamiento, también provoca incertidumbre en el administrado que se encuentra involucrado en el proceso administrativo de saneamiento, dado que la omisión reglamentaria cuestionada impide el perfeccionamiento del derecho propietario en un plazo razonable; en consecuencia, es a partir de ahí que resulta palpable la transgresión del principio de seguridad jurídica y, por lógica consecuencia, lesión al debido proceso. Además, la inseguridad jurídica constituye una verdadera afrenta a los mismos pilares del Estado Democrático de Derecho, por cuanto no es posible concebir un Estado de Derecho sin seguridad jurídica, precisamente por la relación indisoluble que existe entre ambos, en efecto, su observancia significa confiabilidad y previsibilidad de los particulares respecto a los actos del poder público.