SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0956/2017-S1

II.5.    Por memorial presentado el 22 de junio de 2016, el accionante y las coprocesadas Maribel Flores Torrejon y Lizet Porco Chungara, presentaron recurso de apelación en contra de la Resolución 11/2016, alegando los siguientes agravios; primero, inobservancia del procedimiento, vulneración de la Constitución Política del Estado, “la Ley Orgánica Policial” (sic) y la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, al señalar que el nombramiento del fiscal policial acarrea nulidad del proceso, conforme estipula lo preceptuado por el art. 122 de la CPE, ya que los fiscales policiales, en virtud a lo dispuesto por el art. 39.3 de la Ley 101, deben tener el grado de suboficiales jerárquicamente del servicio activo, preferentemente con título de abogado; sin embargo, el comandante General de la Policía, nombró en calidad de fiscal policial a un efectivo que no tiene el grado exigido, extremo que constituye usurpación de funciones y nulidad del proceso disciplinario; segundo, vulneración de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, respecto a la valoración de la prueba y subsunción de la falta acusada, por la supuesta falta de análisis integral de la prueba, la falta de una debida fundamentación de la Resolución impugnada y la falta de individualización de los procesados; y, tercero, la supuesta vulneración de la Constitución Política del Estado, la Ley 101 por inobservancia del derecho al debido proceso y existencia de cosa juzgada, ya que se habrían ejecutado los memorándums que imponen sanciones a los procesados y, paralelamente se habría tramitado el proceso disciplinario hasta llegar al establecimiento de una nueva sanción por los mismos hechos. Con estos argumentos, solicitó revocar la Resolución sancionatoria y determinar la absolución de los procesados (fs. 317 a 328).