SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0036/2017

Se colige que el objeto central de esa atribución y procedimiento, es dilucidar la titularidad de las competencias territoriales y su ejercicio concreto, tomando como referente de contrastación primaria, la distribución competencial entre los niveles de gobierno, en el marco de los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas, desarrollada en la Tercera Parte, Título I, Capítulo Octavo, arts. 297 al 305 de la CPE, sea por vía del conflicto de competencias positivo o negativo -art. 92.I y II del CPCo, respectivamente-.

De esta forma, la jurisprudencia de este Tribunal identificó  que uno de los aspectos fundamentales para el funcionamiento estatal, descentralizado y con autonomías, se encuentra materializado en el denominado “orden competencial”, definido por la DCP 0008/2013 de 27 de junio como el: “[C]onjunto de valores, principios, normas (constitucionales y legales), estatutos autonómicos, cartas orgánicas, convenios intergubernativos, mecanismos de transferencia y/o delegación de facultades en determinadas competencias, como elementos que se integran; y en su conjunto, configuran el marco general en el que cada nivel autónomo de gobierno ejercerá sus facultades competenciales para el cumplimiento de sus funciones.

Como sucede en todo proceso sociopolítico de semejante envergadura, es lógico pensar que la construcción del Estado autonómico, tienda a desarrollarse gradualmente y en un periodo de tiempo más o menos extenso como un proceso paulatino, progresivo y fundamentalmente dinámico, en el que intervendrán múltiples factores, los que en su conjunto determinarán variaciones y reconfiguraciones que afectarán el mapa competencial, y con ello, la dinámica del funcionamiento estatal en todos sus niveles.